Presupuesto 2017, otro golpe más a la economía

El pasado 8 de septiembre el nuevo Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, presentó ante el Congreso de la Unión, su Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, en el que según, la asignación propuesta para los ramos administrativos asciende a 958.4 mmp, 16.9 por ciento real menos que el aprobado para 2016. Y a decir del ejecutivo, el monto referido es congruente con el escenario de reducción del gasto. Sin embargo, las dependencias del gobierno federal continuarán dando cumplimiento a las obligaciones que el marco jurídico les confiere, teniendo en cuenta las metas nacionales, los objetivos y las estrategias emanadas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, o al menos, eso fue los que dijeron.

De lo anterior, destacan las propuestas de asignaciones presupuestarias a los ramos de Educación Pública (27.7 por ciento), Salud (12.7 por ciento), Desarrollo Social (11.0 por ciento) y Comunicaciones y Transportes (8.1 por ciento), que en conjunto concentran el 59.5 por ciento del total de los ramos administrativos, con lo que según fortalecerán las políticas públicas orientadas a elevar la calidad y cobertura de los servicios de educación y de salud; a avanzar en la lucha contra la pobreza extrema y las condiciones de marginación, entre otras acciones; así como, fomentar la infraestructura de comunicaciones, particularmente, en materia de infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones.

A este respecto, cabe señalar que en dicha propuesta prevalece la desigualdad y privilegia el pago de los intereses de la deuda, por encima de programas prioritarios para el bienestar de la población como: la salud, la seguridad social y la educación, lo anterior, es ratificado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El estudio del CIEP precisa que en este año, el presupuesto público destinado a la salud universal se reduce, en términos reales, en 4 mil 610 millones de pesos, lo que equivale a 0.85 por ciento del presupuesto asignado en 2016. De esta manera, su participación respecto al presupuesto total neto pasa de 11.4 en 2016 a 11.2 por ciento en 2017.

En 2017 el presupuesto educativo disminuye 4.8 por ciento, debido a que debemos pagar más en pensiones y deuda; mientras que en salud veremos una reducción real de más de 4 mil millones de pesos. Por lo tanto, se presenta una reforma educativa debilitada en términos de financiamiento con un ajuste de 30.2 por ciento. “Se quitan las becas para la educación media y superior, pero se entregan becas para el ejército y la marina con el fin de atraer a más jóvenes a las fuerzas armadas”. En tanto, el seguro popular, agregó, recibe un recorte de 9 mil 224 millones de pesos.

Por lo anterior, es que calificamos de inequitativo dicho presupuesto, aunado a que otros rubros, que no tienen la importancia ni la relevancia para el desarrollo del nuestro país, y que sólo gastan presupuesto en vanalidades de nuestros diputados y senadores, si aumentaron su presupuesto, ya que en la propuesta de Presupuesto de Egresos 2017, al Poder Legislativo se le asignan 15.088 mmdp, cifra superior a la aprobada para 2016 en poco más de mil millones de pesos, lo que representa un incremento real de 3.6%. Se debe destacar que el aumento real propuesto para la Cámara de Senadores es de 4.2%, mientras que el incremento para la de Diputados es de 3.6 por ciento. Como si el servicio de nuestros legisladores estuviera al nivel de lo que gastan y cobran, para que se les premie con estos aumentos por encima de la inflación, cuando la mayoría de los mexicanos debemos amarrarnos el cinturón, los legisladores seguirán en la opulencia y el despilfarro.

Otro rubro al que le proponen un aumento es al Poder Judicial, ahora de 10 mmdp respecto a lo aprobado para 2016. Esto es, un aumento de 14.8% en términos reales, lo cual es a todas luces una propuesta fuera de toda proporción y que no se puede justificar.

En fin, el gobierno federal se vanagloria de proponer al Congreso de la Unión, un recorte histórico por 239 mil 700 millones de pesos al presupuesto para 2017, en aras de presumir tener una administración austera, equivalente al 1.2% del PIB, pero como siempre la austeridad la vamos a sufrir nuevamente los ciudadanos.

Puebla: baja la mano por los derechos humanos

La vigencia plena de los derechos humanos no puede entenderse como una tarea exclusiva de autoridades nacionales u organismos internacionales, sino que para ello se requiere un compromiso conjunto e integral, así como que la sociedad deje de ver los derechos humanos como algo abstracto y lejano, para asumirlo como algo concreto e inmediato.

La fragilidad o insuficiencia del Estado de Derecho es el factor que incide de manera directa en la arbitrariedad, la corrupción, la desigualdad y la impunidad que nuestra sociedad advierte de manera cotidiana. La vigencia plena de los derechos humanos en nuestro país requiere que seamos capaces de contar con un Estado de Derecho sólido y eficaz. El incumplimiento y la falta de aplicación de la ley en nuestro país, inciden directamente en nuestra en nuestra democracia y afectan sus instituciones, por lo que es un compromiso y deber, en primer término de los gobernantes, pero también de los gobernados, cumplir la ley y abandonar una actitud de desprecio hacia la misma.

Las Comisiones de Derechos Humanos, en México representan un elemento fundamental en las políticas públicas de los Estados, ya que su presencia, debe generar un contra peso frente al abuso de poder, dando muestra de su utilidad en el perfeccionamiento de las instituciones, adquiriendo prestigio en la sociedad.

El Estado de Puebla es la excepción ya que muchas de las políticas públicas del Gobierno del Estado y la deplorable  actuación de la Comisión de Derechos Humanos, han rezagado a la entidad de los revolucionarios escenarios internacionales que en materia de Derechos Humanos se viven, en México y el Mundo.

Resulta alarmante el bajo nivel de actuación de la CDH del estado, en los últimos cinco años, en cuanto al número de quejas recibidas y al resultado que obtiene de cada una de ellas, ya que el porcentaje de resueltas con restitución de derechos humanos, es decir, resueltas satisfactoriamente, nunca pasó del 35% y al contrario observó un declive en cuanto a su eficacia funcional.

Tal circunstancia, se debe, en parte, a que no se le ha dado la importancia que tiene un organismo de esta naturaleza en un Estado como Puebla, considerado dentro de las cinco primeros en importancia a nivel nacional. Esto, en razón del bajo presupuesto que se le asigna en comparación con otras entidades federativas de la región, como Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

Se afirma lo anterior, en base a lo siguiente:

El gobierno del Estado en su Ley de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2016, asignó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla un presupuesto de $22,137,537.00 pesos; el cual se vio disminuido en un .9% con respecto al asignado en su ejercicio 2015, otorgándosele $ 22,334,734.95 pesos.

Aunado a que en ejercicios anteriores el incremento apenas rebasaba el 1%:

*Presupuesto para el año 2013: $20,945,600.91

*Presupuesto para el año 2014: $21,236,129.04

*Presupuesto para el año 2015: $22,334,734.95

*Presupuesto para el año 2016: $22,137,537.00

De lo anterior, se declara que en Puebla se destinan apenas tres pesos con cincuenta y ocho centavos por ciudadano, para la salvaguarda de los derechos humanos de los 6,168,883 poblanos que habitan en el estado.

Situación que ocurre a la inversa en estados como Veracruz, Oaxaca y Guerrero, ya que todos ellos sus presupuestos aumentan o mínimo se mantienen, los 3 Estados en 2016 cada uno  duplicaron el presupuesto de la CDHE de Puebla.

Ante tal situación de escasez de recursos e ineficiencia limitada de la CDH, los ciudadanos poblanos se han visto en la necesidad de recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en busca de una alternativa de solución que les ha sido negada por parte de su similar poblano.

La Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH) atrajo 19 expedientes de violaciones registrados en Puebla entre 2005 y 2014, entre los que se encuentran dos casos de negligencia médica en Tehuacán y Cuetzalan, el robo a las oficinas del portal e-consulta, así como la represión a opositores al gasoducto Morelos y por el desalojo en Chalchihuapan.

Otro dato que demuestra la falta de eficiencia de la CDH, para resolver de manera interna las problemáticas a violaciones de Derechos Humanos de los Poblanos, lo son, los 15 asuntos expuestos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2013 a 2016.

Aunado a lo anterior, si consideramos que Puebla es habitada por 6,168,883 ciudadanos, por lo que ante un número tan elevado de habitantes, la problemática de salvaguarda de Derechos Humanos, es aún más complejo, por lo que se requiere de una infraestructura, tanto material como humana, adecuada que permita atender eficientemente las exigencias en esta materia.

Por lo que, considero que con tan sólo con cuatro delegaciones regionales ubicadas en Huachinango, Teziutlán, Tehuacán e Izúcar de Matamoros, resulta materialmente imposible abarcar la mayoría de los 217 municipios que comprenden Puebla.

Así, queda demostrado que nuestro Estado, desde hace cinco años, “bajó las manos por los Derechos Humanos.”

Época de deslindes

La situación que enfrenta actualmente el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con las denuncias de actos de corrupción de su círculo cercano, de gobernadores provenientes de las filas del PRI, la grave situación de las economía de los mexicanos, el aumento de la desigualdad social, incremento  de los niveles de pobreza, de la inseguridad y el fortalecimiento del poder de los grupos de la delincuencia en vastas zonas del país, así como la pésima imagen del país al exterior, hacen que en éste momento un grupo importante de sus correligionarios, estén analizando la mejor forma de deslindarse de su administración y abandonar su discurso pro-peñista, por otro, que los desmarque de los yerros del mandatario y les de rentabilidad electoral para sus futuros proyectos, situación que en sexenios anteriores se presentaba normalmente en el último año de las administraciones, en este momento se ha adelantado en el último tercio de su mandato, lo que no le ha sucedido antes a ningún presidente de la época moderna, y en esta feria de desmarques, se forman, por razones evidentes los mal nombrados partidos de “oposición” como el PAN, que fue su cómplice directo en la aprobación de las reformas estructurales junto con el PRD, hasta los mismos priistas que lo apoyaron desde su candidatura y que hoy empiezan a marcar distancia, a fin de evitar se les identifique como parte de su estructura de partido o gobierno y se les responsabilice de la debacle que vive el país a nivel interno y externo.

La idea de que Peña Nieto debe renunciar a la Presidencia o separarse de ella; por otro motivo, empieza a tomar forma, no sólo en el imaginario colectivo, sino también entre los grupos parlamentarios de las cámaras de diputados y senadores, sin que los legisladores del PRI, encuentren la manera de justificar sus yerros y salvarle el pellejo, ante lo indefendible de sus errores en el ejercicio del cargo.

El último con la desastrosa visita del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que vimos la imagen de un presidente incapaz de defender a nuestros connacionales que viven en los dicho país y que tienen la amenaza de ser deportados, en el caso de que Trum gane las elecciones en noviembre próximo, aunado a los calificativos que el candidato nos ha aplicado de ser delincuentes, asesinos y violadores, demostrando una debilidad inusitada que tiene molestos a la mayoría de los mexicanos.

De ahí que varios de los gobernadores que han apoyado la administración de Peña Nieto y sus políticas, hoy tienen ante si la disyuntiva, de seguirlo respaldando, so pena de ser alcanzados por el repudio ciudadano, o de tomar distancia del mandatario y empezar una guerra de críticas en su contra para posicionarse en las elecciones de 2018, por lo que estimado lector, prepárese para ser testigo en los próximos meses de una pasarela  de traiciones y ataques en contra del presidente, por aquellos, que hasta hace unos meses buscaban a toda costa estar en su ánimo y hacer jugosos negocios con las obras y grandes proyectos en sus estados, incluso no sería nada extraño que el éxodo de los militantes del PRI, hacia partidos como MORENA, sea la constante ya que en el PAN difícilmente serán aceptados, quién podría capitalizar toda esta situación es Andrés Manuel López Obrador para fortalecer su virtual candidatura para 2018 y enfrentar en las urnas una alianza de lo que quede del PRI y del PAN cuya ideología y políticas de gobierno cada vez son más similares, como ha quedado demostrado en los dos últimos sexenios y los cuatro años del actual gobierno.

La pregunta que queda en el aire, es ¿Si López Obrador, tendrá la capacidad de capitalizar este descontento social y de militantes del PRI, o si rechazará a éstos grupos, pensando que sólo puede ganar la elección?

AL TIEMPO.

Ética universitaria a la órden presidencial

A raíz del escándalo desatado por el equipo de la periodista Carmen Aristegui, sobre el plagio descubierto en el texto de la tesis profesional del presidente Enrique Peña Nieto, presentada para obtener el título de Licenciado en Derecho, por la Universidad Panamericana, el pasado 28 de agosto , la institución, mediante su facultad de Derecho, emitió un comunicado, ya por todos conocido, donde manifestó que el documento que Peña Nieto entregó para graduarse como licenciado en derecho, contenía palabras e ideas que pertenecen a otros autores y que no se les menciona ni al pie de la página ni se les entrecomilló.

Es decir, la institución reconoció el plagio, pero subrayó que ya no puede aplicar el reglamento de forma retroactiva y que es prácticamente imposible sancionar a Peña Nieto.

Más aún, porque  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo catorce, establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna (y menos de un presidente).

Así como también es cierto, que en materia penal el delito cometido por el plagio de la autoría, ha caducado, en razón del tiempo que ha transcurrido desde la comisión de la conducta delictiva, y si a ello agregamos que el presidente goza de fuero resulta legalmente imposible se proceda en su contra, en el improbable caso de que alguno de los autores plagiados de los que aún viven, decidiera denunciar los hechos.

Pese a lo anterior, el reconocimiento por parte de la Universidad Panamericana, de que se encuentran obsoletos los controles académicos de una Institución que se asume de prestigio, para poder identificar un plagio de esta naturaleza, es un mensaje doloroso a los estudiantes del país, ¿nos están queriendo decir que debemos aceptar el robo y ahora normarlo?

            Porque esta situación, no es nueva como lo quiere hacer ver la UP, ya que en México, sí existen precedentes de castigo a esta conducta, en instituciones como la UNAM (casos Roberto Josué Bermúdez y Boris Berenzon Gorn), El Colegio de México (caso del chileno Rodrigo Núñez Arancibia) o la Secretaría de la Función Pública (caso César Vladimir Juárez Aldana), han actuado conforme sus principios y valores académicos, sin importar quién haya sido el autor de la conducta delictiva.

Aunado a lo anterior, dónde queda la obligación de la Secretaria de Educación Pública, de velar por la autenticación de los certificados, diplomas, títulos y grados académicos, que expiden las Instituciones que han obtenido autorización o reconocimiento de validez oficial de sus estudios, situación a que está obligada según el artículo dieciocho de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Porque ante la aceptación manifiesta de la UP, de que sí existió plagio y que ellos no tuvieron la estructura necesaria para detectar el mismo, entonces la SEP, que es la encargada de expedir la cedula profesional, conforme lo solicita la Institución, que se presume avaló tanto los estudios como el procedimiento de titulación, debe imponer sanciones a todas aquellas personas que estuvieron inmersas en dicho procedimiento malogrado.

Pero esperar que Aurelio Nuño en su calidad de Secretario de Educación Pública federal actué conforme a la ley,  en contra de los responsables de ello, sería tanto como decirle a su jefe que le quite la etiqueta de presidenciable, por lo tanto, lo más seguro es que lo supere y con su conducta mande el mensaje a los mexicanos de que aquí no ha pasado nada y todos debemos olvidarlo, ya que hay temas más importantes por ahora como la reforma educativa.

Sólo resta saber si el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), actuará de forma correcta ante la petición lanzada a través de change.org; para exigir que se retire el título de maestría al presidente Enrique Peña Nieto, tras el plagio cometido en su tesis de licenciatura, o también encontrará la manera de evadir dicha responsabilidad.

Porque de lo contrario, ahora sí nos encontraremos ante un caso sin precedente, donde los valores de la vida académica que deben prevalecer, honestidad intelectual y desarrollo del conocimiento en todos sus campos, habrán sido mancillados de tal forma, que no podremos exigir que en otros campos como el político o el social, deban estar inmersos valores y principios, para apoyar la funcionabilidad del constructo social. Lo más grave del plagio denunciado, no sólo es su existencia, sino del personaje de quien se trata, cuya imagen se deteriora más y más, ante la vista de todos los mexicanos.