A raíz del escándalo desatado por el equipo de la periodista Carmen Aristegui, sobre el plagio descubierto en el texto de la tesis profesional del presidente Enrique Peña Nieto, presentada para obtener el título de Licenciado en Derecho, por la Universidad Panamericana, el pasado 28 de agosto , la institución, mediante su facultad de Derecho, emitió un comunicado, ya por todos conocido, donde manifestó que el documento que Peña Nieto entregó para graduarse como licenciado en derecho, contenía palabras e ideas que pertenecen a otros autores y que no se les menciona ni al pie de la página ni se les entrecomilló.
Es decir, la institución reconoció el plagio, pero subrayó que ya no puede aplicar el reglamento de forma retroactiva y que es prácticamente imposible sancionar a Peña Nieto.
Más aún, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo catorce, establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna (y menos de un presidente).
Así como también es cierto, que en materia penal el delito cometido por el plagio de la autoría, ha caducado, en razón del tiempo que ha transcurrido desde la comisión de la conducta delictiva, y si a ello agregamos que el presidente goza de fuero resulta legalmente imposible se proceda en su contra, en el improbable caso de que alguno de los autores plagiados de los que aún viven, decidiera denunciar los hechos.
Pese a lo anterior, el reconocimiento por parte de la Universidad Panamericana, de que se encuentran obsoletos los controles académicos de una Institución que se asume de prestigio, para poder identificar un plagio de esta naturaleza, es un mensaje doloroso a los estudiantes del país, ¿nos están queriendo decir que debemos aceptar el robo y ahora normarlo?
Porque esta situación, no es nueva como lo quiere hacer ver la UP, ya que en México, sí existen precedentes de castigo a esta conducta, en instituciones como la UNAM (casos Roberto Josué Bermúdez y Boris Berenzon Gorn), El Colegio de México (caso del chileno Rodrigo Núñez Arancibia) o la Secretaría de la Función Pública (caso César Vladimir Juárez Aldana), han actuado conforme sus principios y valores académicos, sin importar quién haya sido el autor de la conducta delictiva.
Aunado a lo anterior, dónde queda la obligación de la Secretaria de Educación Pública, de velar por la autenticación de los certificados, diplomas, títulos y grados académicos, que expiden las Instituciones que han obtenido autorización o reconocimiento de validez oficial de sus estudios, situación a que está obligada según el artículo dieciocho de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
Porque ante la aceptación manifiesta de la UP, de que sí existió plagio y que ellos no tuvieron la estructura necesaria para detectar el mismo, entonces la SEP, que es la encargada de expedir la cedula profesional, conforme lo solicita la Institución, que se presume avaló tanto los estudios como el procedimiento de titulación, debe imponer sanciones a todas aquellas personas que estuvieron inmersas en dicho procedimiento malogrado.
Pero esperar que Aurelio Nuño en su calidad de Secretario de Educación Pública federal actué conforme a la ley, en contra de los responsables de ello, sería tanto como decirle a su jefe que le quite la etiqueta de presidenciable, por lo tanto, lo más seguro es que lo supere y con su conducta mande el mensaje a los mexicanos de que aquí no ha pasado nada y todos debemos olvidarlo, ya que hay temas más importantes por ahora como la reforma educativa.
Sólo resta saber si el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), actuará de forma correcta ante la petición lanzada a través de change.org; para exigir que se retire el título de maestría al presidente Enrique Peña Nieto, tras el plagio cometido en su tesis de licenciatura, o también encontrará la manera de evadir dicha responsabilidad.
Porque de lo contrario, ahora sí nos encontraremos ante un caso sin precedente, donde los valores de la vida académica que deben prevalecer, honestidad intelectual y desarrollo del conocimiento en todos sus campos, habrán sido mancillados de tal forma, que no podremos exigir que en otros campos como el político o el social, deban estar inmersos valores y principios, para apoyar la funcionabilidad del constructo social. Lo más grave del plagio denunciado, no sólo es su existencia, sino del personaje de quien se trata, cuya imagen se deteriora más y más, ante la vista de todos los mexicanos.
Dr. Julián Germán Molina Carrillo 