¿Y el interés superior del menor?

Los derechos humanos de los niños impiden aceptar lo que hizo el gobierno norteamericano.

La necesidad de proporcionar al niño una protección especial para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, es una máxima universal, considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado con el espíritu de ideales de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, ante lo cual, se vuelve trascendental que el niño deba crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Esta máxima fue plenamente comprendida y plasmada en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual, es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. A lo largo de sus 54 artículos, establece un marco jurídico inédito de protección integral a favor de las personas menores de 18 años de edad, que obliga a los Estados que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años de edad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre otros.

Pues bien, en días pasados los ciudadanos del mundo, hemos sido testigos de uno de los actos que mayor indignación ha causado ante una violación flagrante de estos postulados anteriormente mencionados. Desde que el Gobierno de Estados Unidos anunció su política de tolerancia cero a principios del mes mayo, más de 2 mil 300 niños han sido separados de sus padres en la frontera entre EU y México.

Por lo anterior, bebés y niños pequeños son extraídos de los brazos de sus padres en la frontera y enviados a refugios que parecen jaulas y que nos recuerdan los campos de concentración donde los nazis tenían recluidos a los judíos y con ésta conducto el gobierno estadounidense viola la observación obligatoria del interés superior del menor, ya que los niños nunca deben ser detenidos por motivos relacionados con su estado migratorio o el de sus padres. La detención nunca va en el mejor interés del menor y siempre supone una violación de los derechos de la infancia.

Aunado a lo anterior, más de una docena de albergues donde el gobierno de Estados Unidos envió a niños migrantes fueron acusados de violar estándares de atención, indicó un informe independiente, que reporta acusaciones de abuso físico y sexual, así como violaciones de normas de seguridad y cuidado de los niños ocurridos en albergues privados.

Esta inadmisible y cruel violación de derechos humanos de los niños, ha causado diferentes expresiones de rechazo tanto al interior del país vecino, como en el entorno mundial, la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, expresó su preocupación por la separación de niños migrantes de sus padres por parte del Gobierno de Estados Unidos, quien procede a detenerlos tras cruzar la frontera al sur del país.

Asimismo, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó que separar familias y detener menores de edad representa una violación grave de los derechos del niño. El interés de los niños siempre tiene que ser el primero. La mayoría de estas familias salieron de Guatemala, Honduras y El Salvador huyendo de situaciones de creciente inseguridad y se les debería proteger.

Como podemos observar, ahora los niños de padres migrantes, quienes no tuvieron oportunidad de elegir si entrar o no a Estados Unidos; son objeto de la toma de decisiones xenofóbicas, neonazis y hasta absurdas del presidente Trump, que con tal de justificar sus ideales y necedades atropella y vulnera derechos humanos de los seres más desvalidos y necesitados de protección, los niños y niñas, situación que lo pone nuevamente en confrontación con la mayoría de los que habitamos este mundo.

La actitud de Trump no debería extrañarnos, ya que sus decisiones y exacerbado nacionalismo, rayan en lo absurdo y arbitrario en contra de todos aquellos que no tienen la ciudadanía norteamericana, sin distinción ya que para él da lo mismo violar los derechos humanos de mujeres, niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Sólo la presión internacional y el rechazo a este tipo de políticas fueron capaces de obligarlo a dar marcha atrás en casos como este, donde por encima de los derechos de los menores, puso la defensa del territorio de los Estados Unidos. No cabe la menor duda de que el otrora país ejemplo de la libertad y la democracia y que se ha pronunciado por condenar a otros países por violaciones a derechos humanos, hoy nos demuestra que su discurso sólo es retórica y que su Presidente los lleva a una situación de grave retroceso en la materia.

¡El acto jurídico electoral!

Votar, conforme a lo dispuesto en la Constitución, es un deber y un derecho de los ciudadanos.

La democracia nace de la necesidad de los sujetos de ordenar y gobernar, del ejercicio de la política, de la creación de leyes, del establecimiento de la misma por medio (según los contractualistas) de contratos sociales. La construcción de entidades de diálogo y consenso entre los individuos para tomar decisiones con respecto a sus formas de organizarse y de toma de decisiones de manera más institucionalizada.

Votar, conforme a lo dispuesto en la Constitución, es un deber y un derecho de los ciudadanos. En México, hasta antes de la reforma constitucional de 2012, se consideraba el voto como una prerrogativa de los ciudadanos, instituido para las mujeres en el orden federal en 1953 y en el municipal en 1947, esto último por reforma al artículo 115 constitucional, que fue una adecuación a lo ya previsto en las Constituciones y leyes de algunas entidades federativas, siguiendo el ejemplo del legislador de Yucatán, que estableció el voto femenino, en el ámbito local y municipal, desde 1923. Cabe recordar que, en 1916, Mérida fue sede del Primer Congreso Nacional Feminista.

Aunado a lo anterior, muchas democracias modernas comparten desafíos comunes en el cumplimiento de las normas internacionales de lo que se conoce como autenticidad electoral. Entre las muchas prácticas que atentan contra la integridad de las elecciones destacan el encarcelamiento arbitrario de disidentes o adversarios hostiles al gobierno, la compra y coacción del voto, recuentos dudosos y discrecionales de los votos, registros de votantes inexactos, uso de encuestas con fines propagandísticos, campañas mediáticas orquestadas desde el poder para favorecer a unos y perjudicar a otros, falta de seguridad en la boletas ausentes, votos anulados sin justificación y, finalmente, en caso de derrota, imposición de resultados o anulación arbitraria de los comicios, todo ello contraviniendo la voluntad de los electores. Indudablemente, estas violaciones graves a los derechos humanos socavan la credibilidad electoral y son ampliamente condenados por observadores nacionales e internacionales. Protestas masivas recientes en contra de la escasa autenticidad electoral se han registrado a lo largo y ancho de la esfera mundial, en países tan diversos como Rusia, Egipto, Venezuela y claro México no ha estado exento de este tipo de expresiones de inconformidad política- electoral.

De todo lo anterior, podemos observar que existen dos tipos de acto electoral, el acto jurídico de los gobernados y el acto jurídico de las autoridades, el primero de ellos se atribuye a quienes tienen la calidad jurídico-política de ciudadano, pudiéndoseles considerar de forma individual o bien jurídica y políticamente organizada.

Y la otra la de las autoridades, para el Derecho Electoral en especial se puede hacer alusión tanto a las autoridades electorales, formal y materialmente, como a las autoridades no electorales formalmente, que llevan a cabo actos de autoridad, como lo son las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo e incluso se puede aludir a la actuación de los órganos del Estado con autonomía constitucional, siempre que tenga efectos jurídicos en el ámbito del Derecho Electoral.

Pues bien dichos actos, adquieren relevancia cuando el reto central para la democracia mexicana es pasar de la mera celebración de elecciones populares de acuerdo con la normatividad vigente, a la organización de procesos competitivos realmente auténticos y democráticos.

En base a lo anterior, es importante distinguir que el ejercicio del sufragio es el acto cívico a través del cual cada elector expresa su sentimiento de pertenencia a la colectividad, ejerce un derecho humano y cumple un deber que le impone su condición de ciudadano, asimismo, constituye una de las manifestaciones de la ciudadanía más importantes y trascendentales en un Sistema Democrático.

Es por ello, que no hay democracia sin sufragio; por lo que resulta indispensable entender que el voto no sólo sirve para elegir autoridades (en todo caso ésa es su consecuencia visible e inmediata), sino también para sostener la democracia. El día de la elección cada elector está cumpliendo una función pública constitucional; está poniendo su grano de arena para que las instituciones continúen funcionando y para que la democracia siga existiendo. Pues ésta es la utilidad no visible del sufragio, la virtud oculta, aunque la verdaderamente importante.

¿Viabilidad política?

La renuncia de Margarita Zavala según se establece en la ley electoral, ¿ayuda a ello?

El 17 de mayo de 2018, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, renunció a la candidatura presidencial, con el argumento de que lo hacía por “honestidad política” y tras una “profunda reflexión”, que la enfrentó a una coyuntura electoral polarizada, llena de “descalificaciones y discursos de odio”, y que con su renuncia buscaba darle “viabilidad política” al actual proceso electoral.

Sin embargo, dicha renuncia puede acarrear consigo costos democráticos negativos que lejos de ayudar a clarificar lo que sucede, en un ya de por sí, complicado proceso electoral, abona a complicar su entendimiento para el ciudadano y beneficia raramente a otros.

Lo anterior, porque la mayoría de los ciudadanos hoy se preguntan qué pasará con Margarita Zavala en la boleta electoral, ¿se tendrán que volver a imprimir, aquellas, en las que ya aparecía como candidata, dado que cuando aconteció su renuncia, el 45 por ciento de las boletas ya se encontraban listas, o bastará con dejarla fuera del 55 por ciento restante?

Así como qué pasará con los votos que los ciudadanos realicen por ella el día de la elección, ¿contarán como votos por un candidato no registrado, como voto nulo, o si se lo computaran a la opción que finalmente se registró ante la autoridad administrativa, pero sólo con efectos estadísticos?

Ante la problemática planteada, el consejero electoral Marco Antonio Baños, dijo al respecto, que es una decisión que debe valorar el Consejo General del INE, aun cuando ve casi imposible que se vuelvan a imprimir el 45 por ciento de las boletas que ya se encontraban listas, dado que ello implicaría solicitar nuevo papel seguridad y transportarlo con el Ejército a los talleres de imprenta cuestión que el tiempo ya no les permite.

Por lo cual, el ciudadano tendrá una boleta electoral en sus manos con una opción, que no es opción, si, solo pasa en México, solo pasa con los procesos electorales mexicanos que presumen de estar revestidos de los principios de certeza, legalidad y objetividad.

Pero dicen, no pasa nada, porque según el consejero, lo que tendrían que hacer es que a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, informarle a los ciudadanos que Margarita ya no es candidata, que si se vota por Margarita en la boleta, donde ella aparezca, obviamente es un voto de carácter nulo.

Situación muy conveniente únicamente para los partidos políticos, ya que recordemos que para la asignación de puestos por representación proporcional, lo llamados plurinominales, éstos son repartidos mediante la fórmula prevista en los artículos 41, párrafo segundo, fracciones I y II, 54, fracción II y III de la Constitución (CPEUM); así como por los artículos 15, numeral 1 y 2, y 21 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), y el artículo 94, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).

Dicha fórmula indica que, primeramente, debemos conocer la cantidad de sufragios totales que ejercieron los ciudadanos, es decir, contabilizar todos los votos que entraron a las urnas sin distinguir la preferencia ciudadana, a esta cifra la vamos a conocer como: Votación Total Emitida.

El siguiente paso es, obtener la Votación Valida Emitida, la cual nos va a servir para determinar quiénes son los partidos políticos que tienen derecho a la asignación de puestos bajo el principio de representación proporcional, y la vamos a obtener de deducir a la Votación Total Emitida, los votos nulos y los votos por candidatos no registrados, al resultado de esta deducción le vamos a sacar el 3%, para que la cantidad que resulte, signifique el número de votos que un partido político debe tener como mínimo para que sea susceptible a dicha asignación.

Por último, debe obtenerse la Votación Nacional Emitida, para la asignación referida, la cual va a ser el resultado de deducir a la Votación Total Emitida, los votos de los partidos políticos que no alcanzaron el 3% de la votación valida emitida, menos nuevamente votos nulos y votos por candidatos independientes. Una vez obtenida ésta se dividirá entre 200 y el resultado numérico será conocido como cociente natural, el cual representara el número de votos que un partido político deberá obtener para que se le asigne un puesto de representación proporcional.

Con lo anterior, podemos observar que en las dos operaciones importantes se resta el número de votos nulos que se hayan recibido en la jornada electoral, y que Margarita Zavala hoy contribuiría a engrosar, lo que hace más cómodo a los partidos políticos alcanzar los mínimos exigibles para gozar de puestos plurinominales como coloquialmente se les conoce y además percibir mayor ingreso a la hora de repartir el financiamiento público.

Pero según Margarita Zavala, su renuncia fue una contribución a la Democracia del pueblo mexicano y una decisión tomada en absoluta libertad.

 

Libertad de expresión en el sistema electoral mexicano

Este derecho no es absoluto, tiene su límite: en elecciones ningún particular puede incidir en voto.

En México, existe una delgada línea entre los derechos de libertad de expresión de los particulares y la trasgresión a los principios rectores del sistema político electoral, del modelo de comunicación política y el principio de equidad en la contienda electoral.

Lo anterior, aun cuando conforme con lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, es muy claro en este sentido, puesto que señala que los partidos políticos, candidatos y precandidatos a cargos de representación popular tienen derecho de acceso a radio y televisión para difundir su propaganda política y electoral, única y exclusivamente en el tiempo del Estado, del cual es administrador único el INE; por tanto, también se establece literalmente, en el numeral citado, que “ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.”

Es decir, aunque el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento.

Sin embargo, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación.

Por ello, como particular puedes expresarte conforme a tu libre pensar como lo salvaguarda el precepto legal señalado, sin embargo el límite lo encuentra en la salvaguarda de los principios rectores del sistema electoral, puesto que no está permitido a los particulares, mucho menos en tiempos electorales, promocionar o invitar a decantarse por alguna de las opciones que nos brinda el proceso electoral.

Pues bien ante éste recoveco de estar en uso de la libertad de expresión o trasgredir la normativa electoral, la Asociación Civil Mexicanos Primero Visión 2030, intentó aprovecharla con el promocional denominado “Y si los niños fueran candidatos, transmitido en radio, televisión, YouTube, salas de cine y en el portal de internet, donde claramente realizaban una invitación a pensar el voto en favor de una opción que fuera coincidente con la idea de transformación educativa, donde además utilizaban a cinco menores para representar a los candidatos hasta ese momento registrados ante el INE para contender por la Presidente de la República.

Promocional que claramente era violatorio del citado artículo 41 Constitucional, así como de lo establecido en los artículos 447 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los artículos 14, 15 y 16 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE.

No cabe duda que aunque la mayoría de los mexicanos buscamos constantemente que las normas jurídicas que rigen nuestra democracia, se encarguen de garantizar una competencia equitativa entre los contendientes y que además haga posible, un cabal ejercicio del derecho de sufragio, siempre habrá quien busque seguir sacando beneficio de estos recovecos normativos para beneficio de unos cuantos, ¡Ya basta señores! ¡Los mexicanos exigimos respeto a nuestro derecho de decisión y de participación ciudadana, libre de cualquier tipo de coacción! o manipulación del electorado que atente en contra de ese derecho.

Hoy más que nunca, nuestro país cuenta con una población más informada que tiene la capacidad de tomar la mejor decisión para emitir su voto.

 

Entre el populismo y el neoliberalismo

Las experiencias en América Latina. Ecuador, Nicaragua y Bolivia, experiencias para pensar.

En el momento en que desapareció la Unión Soviética por su incapacidad para resolver los problemas económicos y sociales más elementales, cuando (por los mismos motivos) China Popular se transformó en un régimen capitalista autoritario, y cuando muchos creíamos que la desaparición del comunismo reforzaría la democracia liberal y la extendería por el mundo, surgió el enemigo principal de la democracia liberal, el populismo.

El populismo es considerado como una adulteración de la democracia. Lo que el populista busca (al menos esa ha sido la experiencia latinoamericana) es establecer un vínculo directo con el pueblo, por encima, al margen o en contra de las instituciones, las libertades y las leyes. La iniciativa no parte del pueblo, sino del líder carismático que define al mismo, como una amalgama social opuesta al «no pueblo». El líder es el agente primordial del populismo. No hay populismo sin la figura del personaje providencial que supuestamente resolverá, de una buena vez y para siempre, los problemas del pueblo. Por cierto, Aristóteles consideraba que la democracia cuando cae en demagogia o populismo, se convierte en el peor sistema de gobierno.

En América latina, gobiernos como los de Rafael Correa en Ecuador, el comandante Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia se jactan de ser antiimperialistas y socialistas, pero, en verdad, son la encarnación misma del populismo. Los tres se cuidan mucho de aplicar las recetas comunistas de nacionalizaciones masivas, colectivismo y estatismo económicos, pues, con mejor olfato que el iletrado Nicolás Maduro, saben el desastre a que conducen esas políticas. Apoyan de viva voz a Cuba y Venezuela, pero no las imitan. Practican, más bien, el mercantilismo de Putin (es decir, el capitalismo corrupto de los compinches), estableciendo alianzas mafiosas con empresarios serviles, a los que favorecen con privilegios y monopolios, siempre y cuando sean sumisos al poder y paguen las comisiones adecuadas.

Todos ellos consideran que la prensa libre es el peor enemigo del progreso y han establecido sistemas de control, directo o indirecto, para sojuzgarla. En esto, Rafael Correa fue más lejos que nadie: aprobó la ley de prensa más antidemocrática de la historia de América latina.

Pues bien, el proceso electoral 2018 coloca a los mexicanos ante la disyuntiva de elegir un modelo populista (AMLO) o castigar al neoliberalismo, modelo económico que desde mediados de los setenta ha privilegiado al mercado sobre las capacidades de los Estados nacionales; que ha sido permisivo con los sistemas financieros, ha prohijado la codicia y la avaricia empresarial y ha sometido a las poblaciones al deterioro de sus condiciones de vida, y al cual culpamos de la crisis económica, social y de seguridad nacional que vivimos desde entonces.

Situación más complicada no podía existir ante un proceso electoral en el que están en juego: la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones y 2,818 cargos más de elección popular.

Lamentablemente, el ciudadano no cuenta con el suficiente apoyo de sus autoridades electorales ni mucho menos con la información suficiente para poder tomar una determinación tan importante como a la que se enfrenta, tan solo hay que observar el actuar de las autoridades electorales, donde lejos de fortalecer los principio de certeza y legalidad con su actuar y sus resoluciones, para blindar el proceso electoral, las autoridades electorales (INE, TEPJF, FEPADE) han dejado mucho que desear, con sus actos y resoluciones sobre las candidaturas independientes

A todo esto, súmele lo que bien ha señalado el Dr. Flavio Galván, que en este país la realidad política es lamentable, puesto que nuestro entorno político electoral está lleno de promocionales generalmente sin contenido, que insultan la inteligencia, pensados por los expertos en mercadotecnia, con el único fin de colocar un producto político en el mercado de la política rampante, trepadora, que nos aleja del auténtico sistema democrático, para sumergirnos en la demagogia, en el populismo.

Por ello, tenemos la obligación como mexicanos y como responsables directos del instrumento democrático más importante (el voto), de reflexionarlo, y tener mucho cuidado en determinar qué futuro queremos, para nosotros y las nuevas generaciones; el futuro está a la vuelta de una hoja de la agenda diaria; y para apoyar esa reflexión cito una reflexión realizada por Émile Durkheim: “El socialismo fue el ‘grito de dolor’ de la sociedad moderna. El populismo es, entonces, el ‘grito de dolor’ de la democracia moderna y representativa”. “El populismo es un acontecimiento inevitable en regímenes que se adhieren a los principios democráticos pero en donde, en efecto, la gente no gobierna”.

El sistema de partidos y sus vicios

Surge como dinámica de la vida democrática. Pierde su sentido por la sola búsqueda de votos.

El surgimiento de los partidos como actores en el escenario político está íntimamente vinculado con el desarrollo del parlamentarismo como forma de gobierno. Es con las primeras asambleas parlamentarias que se inició la formación de grupos de diputados unidos por su afinidad ideológica; como cada uno de ellos contaba con simpatizantes y activistas que actuaban en sus respectivas circunscripciones electorales, se produjo la unificación de los comités de campaña en concordancia con la reunión de los diputados en grupos parlamentarios. Así, el aglutinamiento de un determinado número de miembros de la asamblea correspondía al agrupamiento de sus respectivos seguidores, que empezaron a formar organizaciones políticas estables.

A principios del siglo XX los partidos empiezan a cobrar vida en el mundo del derecho, aunque no por su carácter de organizaciones políticas sino, particularmente por su representación parlamentaria. Más adelante los partidos se convirtieron en una realidad en los sistemas políticos contemporáneos, actuando en conjunción con otros partidos políticos y con los elementos económico, político, social y cultural que conforman una democracia. Estas relaciones dan como resultado un esquema específico de actuación de los partidos en el marco político-social, al que se denomina sistema de partidos.

Un sistema de partidos puede definirse como el conjunto de interacciones derivadas de la competencia entre partidos, así como las relaciones y dinámica que se presentan entre ellos en un Estado determinado. Aunque es importante aclarar que la noción de sistema de partidos no se refiere al régimen legal que se aplica a los mismos en un Estado determinado, ni tampoco a la organización interna de los partidos.

Pues bien, entender que dicho sistema partidario en nuestro país, enfrenta una crisis fundamentada en el pragmatismo utilitario-electoral, que ellos mismos han provocado, al insistir en ganar votos (sin importar la forma), y con ellos obtener cargos y posiciones, al margen de principios, programas y proyectos, hoy en día es una triste realidad.

Todo lo anterior, ha dado como consecuencia una falta de representatividad casi total, y si no, se ha preguntado usted, por qué se han visto en la necesidad de postular candidatos que no tienen militancia dentro de sus partidos, o hasta actores o cantantes que puedan representarles votos que su ideología partidista no les garantiza, sin duda, esto es resultado de sus oligarquías, su electoralismo, su dependencia del Estado, su orientación ideológica difusa, así como su incapacidad para transformar el orden establecido en los ideales prometidos en la mayoría de sus documentos básicos, que ofrecían beneficios para el conjunto social que pretenden representar.

Todos ellos se han olvidado de que son los actores políticos más importantes, en un régimen democrático y de que no sólo funcionan como instrumentos para postular a los ciudadanos en las elecciones, también sirven como mediadores entre el gobierno y los ciudadanos, agregan y ordenan intereses de la sociedad, y definen el debate político predominante en un Estado.

Por lo que conculcar que la existencia de uno que otro partido político en nuestro sistema electoral sale sobrando, en razón de su actuar como simples complementos, y que en el mejor de los casos sumaran su magro apoyo a alguno de los grandes, con la esperanza de crecer, en realidad contribuyen poco a la agenda nacional y sobre todo a la construcción democrática que se pretende en México.

Los problemas de la democracia se solucionan con mejores partidos no con outsiders, con política de mejor calidad, no con antipolítica. De ahí la importancia de recuperar la credibilidad en la política, de hacerla más transparente, de volverla más eficaz, de acercarla a la ética, pero sobre todas las cosas, de reconectarla con la gente.

¿Sobrevivirán las candidaturas comunes en Puebla?

Los antecedentes jurídicos indican garantizar el principio de uniformidad. El caso local.

El pasado cinco de abril del año en curso, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó una sentencia de trascendental importancia dentro del expediente JRC-20/2018, donde el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) impugnó mediante Juicio de Revisión Constitucional, el convenio de coalición parcial que conformaron el PAN, PRD y MC en el estado de Jalisco.

El acto reclamado consistía en la vulneración al principio de uniformidad previsto en la Ley General de Partidos Políticos (LEGIPE), en su artículo 87, párrafo 15, donde prevé que las coaliciones deben ser uniformes y que ningún partido político podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.

Lo anterior, en virtud que los mencionados partidos formaron la coalición como mejor les convino y de 72 municipios, en siete de estos, solo se coaligaron dos de estos tres partidos, es decir, con un solo convenio de coalición, pretendían participar electoralmente en diversas combinaciones, lo cual como lo referimos es contrario a la normativa electoral sobre coaliciones.

Aunado a que, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sostenido que las coaliciones consisten en la unión temporal de dos o más partidos políticos con la finalidad de participar en apoyo de un mismo candidato a un puesto de elección popular en un proceso electoral determinado, las cuales se pueden dar en todos o algunos niveles de gobierno (federal, local, distrital o municipal) en cargos que se eligen por el principio de mayoría relativa.

Ahora bien, el principio de uniformidad es retomado por la LEGIPE, donde prevé que las coaliciones deben ser uniformes y que ningún partido político podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.

Por lo que, el principio de uniformidad presupone la coincidencia en sus integrantes en una coalición por tipo de elección, además de existir la postulación conjunta de candidatos y la prohibición de participar en más de una coalición por tipo de elección.

Por lo tanto, el principio de uniformidad de las coaliciones implica: la unificación de candidaturas y plataformas electorales. Por eso está prohibido que los partidos políticos coaligados postulen candidatos distintos de forma simultánea, y que participen en más de una coalición.

Asimismo, la posibilidad de que los partidos que forman una coalición se unan con otros está vedada porque se desvirtuaría la pretensión común de toda coalición que es la obtención conjunta del mayor beneficio posible de dos o más partidos que se unen para una misma elección y la posibilidad de dispersión ideológica y la defensa de plataformas electorales distintas.

En base a ello, la Sala Regional de Guadalajara revocó en su sentencia el acuerdo IEPC-ACG-012/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, donde autorizaba dicha coalición y otorgó un plazo de cinco días a los partidos coaligados para que ajusten su convenio de alianza parcial a lo estipulado por la norma.

Pues bien esta situación, al parecer ha hecho despertar de su letargo al PRI poblano y a MORENA, que han visto la posibilidad de echar abajo el esquema de coaliciones y candidaturas comunes previstos en el Código Electoral del Estado y con las que les ha permitido a los gobiernos anteriores obtener triunfos desde 2010, puesto que, de esta forma les ha ganado a dichos partidos todas las elecciones.

Hasta dónde se sabe antes del 20 de abril cualquiera de los mencionados partidos, podría recurrir al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) o directamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para intentar echar abajo las candidaturas comunes actualmente registradas, utilizando un argumento similar al caso de Jalisco, ya que solo en el caso de gobernador, la alianza formada por PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, van en alianza pero hay municipios como Puebla en los que cada instituto político presenta candidatos propios, es decir en forma evidente también atentan contra el principio de uniformidad.

Los mismos criterios que orientaron la resolución en Jalisco, serían aplicables al caso de Puebla, sólo resta esperar si tanto el PRI, como MORENA deciden impugnar las candidaturas comunes y conocer el sentido del fallo que podría emitir el Tribunal Electoral del Estado, aunque seguramente, lo mejor sería que acudieran directamente a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, que en su caso debe respetar los mismos criterios de sus pares en los casos ya resueltos.

Democracia, autoritarismo y corrupción electoral

En México 4 personas: 9% del PIB; 16 familias tienen más de 142 mdd. Datos de Latinobarómetro.

México es una república democrática, representativa y federal, compuesta por 31 entidades federativas y una Ciudad de México. Por ser un sistema democrático, es interpretado como portador de una doctrina enfocada en la vida social, que implica el respeto por los derechos individuales y colectivos, sin embargo, no solo debe concebirse como un sistema que implica el respeto de los derechos humanos básicos, sino que además deba privilegiar el ejercicio de las libertades civiles, la igualdad de oportunidades y la participación de los ciudadanos en la elección de los gobiernos.

 Pero, un elemento poco considerado por los politólogos tiene que ver con la desigualdad económica. México es uno de los países más desiguales del mundo y esto repercute en las oportunidades educativas, acceso a servicios de salud y a un fuerte diferencial en la calidad de vida. 4 personas poseen el 9% del PIB, y según OXFAM, mientras tres millones de personas reciben en promedio un salario mínimo, 16 familias ostentan una riqueza de 142 mil 900 millones de dólares. El poder de influencia sobre la política nacional de 33 familias supera por mucho a la capacidad de influencia de 100 millones de mexicanos.

Esto nos lleva a un nuevo terreno, porque tal vez debemos considerar a México como una democracia oligárquica en lugar de autoritaria, aunque para la oligarquía el autoritarismo es un recurso fundamental.

Según el Informe LATINOBARÓMETRO 2017, realizado por la Corporación Latinobarómetro, que es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, el declive de la democracia se acentúo en 2017, con bajas sistemáticas del apoyo y la satisfacción de la democracia, así como de la percepción de que se gobierna para unos pocos.

En base a lo anterior informa que por quinto año consecutivo el apoyo a la democracia en América Latina no mejora, al registrar una baja de un punto porcentuales desde 2016, llegando al 53% en 2017. Ello a pesar de que mejora el crecimiento económico entre 2016 y 2017.

Pero para nuestra lastimosa honra la mayor pérdida se produce en México con 10 puntos porcentuales menos que en 2016 llegando a 38% en 2017, es decir los mexicanos somos en Latinoamérica los que menos participamos en nuestro ejercicio democrático.

Es importante tener en consideración que la satisfacción con la democracia está altamente correlacionada con la aprobación de gobierno porque es una variable de desempeño, se diferencia del apoyo a la democracia que implica el apoyo al tipo de régimen. Pero también en este rubro no nos va nada bien, puesto que, el país que lidera la aprobación de su gobierno es Nicaragua con 67%, le sigue Ecuador con 66%, y Bolivia con un 57%, en cambio los países que tienen la menor aprobación de su gobierno son: Brasil con 6%, El Salvador con 17% y México con 20%.

Como podemos observar en México, no solo no se cree en su régimen democrático, sino que también su resultado carece de aprobación, esto debido al alto índice de corrupción de los principales actores, encargados de poner en funcionamiento al régimen y al gobierno.

Debemos tener en consideración que la corrupción puede conducir al desgaste del recurso más importante que posee el sistema democrático: su legitimidad. Cuando la corrupción penetra en cualquier sistema electoral se arruina la base democrática.

* Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.

Violencia política en las elecciones

Elecciones libres son un buen síntoma de la democracia, pero crímenes de candidatos es grave.

¡El ejercicio de la democracia no se reduce a las prácticas electorales! No obstante, la democracia moderna es inconcebible sin una íntima asociación con las elecciones, a tal grado que el indicador fundamental de las sociedades democráticas es la realización de elecciones libres, es decir, democracia y elecciones no es una sola ni la misma cosa, pero si podemos decir que no hay democracia sin elecciones.

Por lo que los procesos electorales, y el resultado de estos, se convierten en una condición necesaria más no suficiente para hablar de democracia. Porque a diferencia de las otras fórmulas de gobierno (autoritarias, dictatoriales o totalitarias o teocráticas), la democracia asume como un bien la coexistencia de la pluralidad de corrientes de pensamiento, y por ello, intenta ofrecerles un cauce para su expresión y recreación. En base a lo que las elecciones resultan indispensables, puesto que se convierten en el escenario donde esa diversidad de opciones compite y son los ciudadanos, con su voto, quienes deciden quiénes deben gobernar y legislar.

Asimismo, la importancia que dentro de la democracia tienen los procesos electorales y la concurrencia de los ciudadanos a las urnas en los regímenes políticos en que más de un candidato o partido contienden por el poder público, constituyen uno de los instrumentos clave en la designación de los gobernantes, la participación política de la ciudadanía, el control del gobierno por ella y la interacción entre partidos o grupos políticos. La democracia moderna no podría funcionar sin los procesos electorales. Y también las elecciones pueden convertirse eventualmente en un instrumento para transformar un régimen no democrático en otro que sí cubra suficientemente las características de ese modelo político

Como observamos, las elecciones son la forma legal por antonomasia para dirimir y disputar lo político en las modernas sociedades de masas, el fenómeno electoral adquiere una relevancia y una complejidad crecientes, que ha captado la atención de políticos e intelectuales, debido al surgimiento de la violencia en torno a los procesos electorales, que los ha convertido en un indicador significativo del debilitamiento y la crisis de la democracia, acentuada en 2017, el año más violento desde que en 1997 se empezaron a llevarse registros (oficialmente 29 mil 168 homicidios).

El proceso electoral iniciado el pasado 8 de septiembre acumula ya un total de 70 aspirantes políticos asesinados, esto según datos evidenciados por consultora de análisis de riesgos Etellekt, presentados el jueves 8 de marzo del año en curso. Donde el estado con mayor incidencia de asesinatos de actores políticos lo ocupa Guerrero con 16 casos, seguidos por Oaxaca con nueve e inmediatamente después Puebla y Veracruz con ocho.

Estados donde la controversia política y los intereses particulares de los grupos de poder y delictivos han manchado el camino a las urnas de sangre, completando la lista de los 19 estados se encuentran: el Estado de México con cuatro casos, Chihuahua, Hidalgo y Jalisco con tres; Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y Guanajuato con dos y con solo uno Nayarit, Zacatecas, Chiapas, Baja California, Durango y Tabasco.

Situación que coloca a México en un escenario inédito de violencia que incluye secuestros, amenazas y todo tipo de agresiones, que están abonando al abstencionismo por parte del ciudadano, por el temor fundado de asistir a la urna y sobre todo porque no se sienten cobijados por las autoridades encargadas de revestir el proceso electoral de seguridad y confianza con un ambiente libre de violencia.

¿Dónde encontrar al candidato ideal?

La República de Platón: estado sano. Pero en realidad hay mala calidad de la gobernación. Qué hacer.

En su magna obra la República, Platón expone que, si existe un Estado ideal, éste debe tener las características de un cuerpo sano y de un alma incorruptible. Y abunda diciendo: hombre y ciudad funcionan de manera análoga; se les trata de la misma manera. En el hombre y en el Estado sus miembros deben funcionar en conjunto de manera coordinada, dando como resultado la visión orgánica de la ciudad con todas sus características: unidad, totalidad, perpetuidad, jerarquía de funciones y orden.

Con ello, nos hace ver la importancia que tiene en ese funcionamiento del Estado, los políticos que van a ser los encargados de llevar a buen puerto la salud del cuerpo sano a que hace referencia Platón.

Aunado a lo anterior, en las democracias actuales, se está produciendo una reconfiguración de la esfera pública que modifica el lugar de los actores políticos tradicionales y da paso a la emergencia de nuevos actores.

De la misma manera, la forma como los ciudadanos se relacionan con el sistema político hoy se encuentra en transformación, la nueva relación entre los diferentes actores políticos y los ciudadanos ha modificado las percepciones y prácticas de estos últimos frente al ámbito político. La cultura política que tienen hoy los ciudadanos responde a nuevas inquietudes, necesidades, preocupaciones y, sobre todo, a un contexto político diferente.

Con fundamento en lo anterior, es que sobresale la importancia de saber dónde encontrar a un candidato idóneo para llevar a buen puerto las exigencias de su encargo, puesto que la mala imagen que tiene la sociedad de los partidos y los políticos se encuentra a la alza, a consecuencia de los numerosos casos de corrupción (política, institucional, financiera, etc.) o el contexto creado por la entrada de nuevas formaciones que amenazan el statu quo (reformas estructurales), son algunos de los factores que crean una ecuación de difícil solución a la hora de saber si puede ser o no un candidato idóneo. Además este último punto provoca un curioso fenómeno: por un lado, existe un hartazgo hacia una ‘vieja’ forma de hacer política y desideologización partidista, mientras, por otro, se produce una repolitización de la sociedad.

Es evidente que la calidad de los gobernantes está tal vez en su nivel más bajo, causando un deterioro evidente en la calidad de la gobernación, ya sea en las decisiones que se toman, como en el manejo de los problemas sociales, económicos y políticos.

De hecho, esas decisiones se convierten con frecuencia en conflictos sociales con presencia de una pobre formulación de alternativas de decisión, porque independientemente de su nivel de estudios, el fundamento de su actuar es beneficiar intereses partidarios a los que se encuentran asociados.

Intereses que, además, se encuentran totalmente acaparados por grupos de poder que tienen secuestradas a las instituciones (Partidos Políticos), que supuestamente tendrían que servir como el canal de acceso a que un ciudadano pudiera participar en el ejercicio del poder público en una democracia.

Sin embargo, los espacios de influencia están reservados para los políticos de siempre, los que saben seguir instrucciones, en beneficio de esas mafias o grupos de poder, razón por la cual, seguiremos viendo como candidatos indiscutibles a los hijos, yernos, novias, compadres y primos de políticos encumbrados, sin el más mínimo de ápice de experiencia para desempeñar estos cargos y peor aún sin vocación de servicio, pero que sean dúctiles y dóciles para el manejo de sus intereses.

Ante todo lo anterior, el único lugar donde nos queda como mexicanos buscar al candidato idóneo para cualquier cargo político, es en el ejercicio de un voto razonado, en el cumplimiento cabal de nuestra obligación como ciudadanos y contribuir así, a la conformación de nuestros órganos de gobierno, aunque en estos momentos, sea con la elección del menos malo de la palestra electoral, pero que esa elección esté envestida de la legitimidad de nuestra democracia.