Libertad de expresión en el sistema electoral mexicano

Este derecho no es absoluto, tiene su límite: en elecciones ningún particular puede incidir en voto.

En México, existe una delgada línea entre los derechos de libertad de expresión de los particulares y la trasgresión a los principios rectores del sistema político electoral, del modelo de comunicación política y el principio de equidad en la contienda electoral.

Lo anterior, aun cuando conforme con lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, es muy claro en este sentido, puesto que señala que los partidos políticos, candidatos y precandidatos a cargos de representación popular tienen derecho de acceso a radio y televisión para difundir su propaganda política y electoral, única y exclusivamente en el tiempo del Estado, del cual es administrador único el INE; por tanto, también se establece literalmente, en el numeral citado, que “ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.”

Es decir, aunque el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento.

Sin embargo, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación.

Por ello, como particular puedes expresarte conforme a tu libre pensar como lo salvaguarda el precepto legal señalado, sin embargo el límite lo encuentra en la salvaguarda de los principios rectores del sistema electoral, puesto que no está permitido a los particulares, mucho menos en tiempos electorales, promocionar o invitar a decantarse por alguna de las opciones que nos brinda el proceso electoral.

Pues bien ante éste recoveco de estar en uso de la libertad de expresión o trasgredir la normativa electoral, la Asociación Civil Mexicanos Primero Visión 2030, intentó aprovecharla con el promocional denominado “Y si los niños fueran candidatos, transmitido en radio, televisión, YouTube, salas de cine y en el portal de internet, donde claramente realizaban una invitación a pensar el voto en favor de una opción que fuera coincidente con la idea de transformación educativa, donde además utilizaban a cinco menores para representar a los candidatos hasta ese momento registrados ante el INE para contender por la Presidente de la República.

Promocional que claramente era violatorio del citado artículo 41 Constitucional, así como de lo establecido en los artículos 447 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los artículos 14, 15 y 16 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE.

No cabe duda que aunque la mayoría de los mexicanos buscamos constantemente que las normas jurídicas que rigen nuestra democracia, se encarguen de garantizar una competencia equitativa entre los contendientes y que además haga posible, un cabal ejercicio del derecho de sufragio, siempre habrá quien busque seguir sacando beneficio de estos recovecos normativos para beneficio de unos cuantos, ¡Ya basta señores! ¡Los mexicanos exigimos respeto a nuestro derecho de decisión y de participación ciudadana, libre de cualquier tipo de coacción! o manipulación del electorado que atente en contra de ese derecho.

Hoy más que nunca, nuestro país cuenta con una población más informada que tiene la capacidad de tomar la mejor decisión para emitir su voto.

 

El sistema de partidos y sus vicios

Surge como dinámica de la vida democrática. Pierde su sentido por la sola búsqueda de votos.

El surgimiento de los partidos como actores en el escenario político está íntimamente vinculado con el desarrollo del parlamentarismo como forma de gobierno. Es con las primeras asambleas parlamentarias que se inició la formación de grupos de diputados unidos por su afinidad ideológica; como cada uno de ellos contaba con simpatizantes y activistas que actuaban en sus respectivas circunscripciones electorales, se produjo la unificación de los comités de campaña en concordancia con la reunión de los diputados en grupos parlamentarios. Así, el aglutinamiento de un determinado número de miembros de la asamblea correspondía al agrupamiento de sus respectivos seguidores, que empezaron a formar organizaciones políticas estables.

A principios del siglo XX los partidos empiezan a cobrar vida en el mundo del derecho, aunque no por su carácter de organizaciones políticas sino, particularmente por su representación parlamentaria. Más adelante los partidos se convirtieron en una realidad en los sistemas políticos contemporáneos, actuando en conjunción con otros partidos políticos y con los elementos económico, político, social y cultural que conforman una democracia. Estas relaciones dan como resultado un esquema específico de actuación de los partidos en el marco político-social, al que se denomina sistema de partidos.

Un sistema de partidos puede definirse como el conjunto de interacciones derivadas de la competencia entre partidos, así como las relaciones y dinámica que se presentan entre ellos en un Estado determinado. Aunque es importante aclarar que la noción de sistema de partidos no se refiere al régimen legal que se aplica a los mismos en un Estado determinado, ni tampoco a la organización interna de los partidos.

Pues bien, entender que dicho sistema partidario en nuestro país, enfrenta una crisis fundamentada en el pragmatismo utilitario-electoral, que ellos mismos han provocado, al insistir en ganar votos (sin importar la forma), y con ellos obtener cargos y posiciones, al margen de principios, programas y proyectos, hoy en día es una triste realidad.

Todo lo anterior, ha dado como consecuencia una falta de representatividad casi total, y si no, se ha preguntado usted, por qué se han visto en la necesidad de postular candidatos que no tienen militancia dentro de sus partidos, o hasta actores o cantantes que puedan representarles votos que su ideología partidista no les garantiza, sin duda, esto es resultado de sus oligarquías, su electoralismo, su dependencia del Estado, su orientación ideológica difusa, así como su incapacidad para transformar el orden establecido en los ideales prometidos en la mayoría de sus documentos básicos, que ofrecían beneficios para el conjunto social que pretenden representar.

Todos ellos se han olvidado de que son los actores políticos más importantes, en un régimen democrático y de que no sólo funcionan como instrumentos para postular a los ciudadanos en las elecciones, también sirven como mediadores entre el gobierno y los ciudadanos, agregan y ordenan intereses de la sociedad, y definen el debate político predominante en un Estado.

Por lo que conculcar que la existencia de uno que otro partido político en nuestro sistema electoral sale sobrando, en razón de su actuar como simples complementos, y que en el mejor de los casos sumaran su magro apoyo a alguno de los grandes, con la esperanza de crecer, en realidad contribuyen poco a la agenda nacional y sobre todo a la construcción democrática que se pretende en México.

Los problemas de la democracia se solucionan con mejores partidos no con outsiders, con política de mejor calidad, no con antipolítica. De ahí la importancia de recuperar la credibilidad en la política, de hacerla más transparente, de volverla más eficaz, de acercarla a la ética, pero sobre todas las cosas, de reconectarla con la gente.

¿Sobrevivirán las candidaturas comunes en Puebla?

Los antecedentes jurídicos indican garantizar el principio de uniformidad. El caso local.

El pasado cinco de abril del año en curso, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó una sentencia de trascendental importancia dentro del expediente JRC-20/2018, donde el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) impugnó mediante Juicio de Revisión Constitucional, el convenio de coalición parcial que conformaron el PAN, PRD y MC en el estado de Jalisco.

El acto reclamado consistía en la vulneración al principio de uniformidad previsto en la Ley General de Partidos Políticos (LEGIPE), en su artículo 87, párrafo 15, donde prevé que las coaliciones deben ser uniformes y que ningún partido político podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.

Lo anterior, en virtud que los mencionados partidos formaron la coalición como mejor les convino y de 72 municipios, en siete de estos, solo se coaligaron dos de estos tres partidos, es decir, con un solo convenio de coalición, pretendían participar electoralmente en diversas combinaciones, lo cual como lo referimos es contrario a la normativa electoral sobre coaliciones.

Aunado a que, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sostenido que las coaliciones consisten en la unión temporal de dos o más partidos políticos con la finalidad de participar en apoyo de un mismo candidato a un puesto de elección popular en un proceso electoral determinado, las cuales se pueden dar en todos o algunos niveles de gobierno (federal, local, distrital o municipal) en cargos que se eligen por el principio de mayoría relativa.

Ahora bien, el principio de uniformidad es retomado por la LEGIPE, donde prevé que las coaliciones deben ser uniformes y que ningún partido político podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.

Por lo que, el principio de uniformidad presupone la coincidencia en sus integrantes en una coalición por tipo de elección, además de existir la postulación conjunta de candidatos y la prohibición de participar en más de una coalición por tipo de elección.

Por lo tanto, el principio de uniformidad de las coaliciones implica: la unificación de candidaturas y plataformas electorales. Por eso está prohibido que los partidos políticos coaligados postulen candidatos distintos de forma simultánea, y que participen en más de una coalición.

Asimismo, la posibilidad de que los partidos que forman una coalición se unan con otros está vedada porque se desvirtuaría la pretensión común de toda coalición que es la obtención conjunta del mayor beneficio posible de dos o más partidos que se unen para una misma elección y la posibilidad de dispersión ideológica y la defensa de plataformas electorales distintas.

En base a ello, la Sala Regional de Guadalajara revocó en su sentencia el acuerdo IEPC-ACG-012/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, donde autorizaba dicha coalición y otorgó un plazo de cinco días a los partidos coaligados para que ajusten su convenio de alianza parcial a lo estipulado por la norma.

Pues bien esta situación, al parecer ha hecho despertar de su letargo al PRI poblano y a MORENA, que han visto la posibilidad de echar abajo el esquema de coaliciones y candidaturas comunes previstos en el Código Electoral del Estado y con las que les ha permitido a los gobiernos anteriores obtener triunfos desde 2010, puesto que, de esta forma les ha ganado a dichos partidos todas las elecciones.

Hasta dónde se sabe antes del 20 de abril cualquiera de los mencionados partidos, podría recurrir al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) o directamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para intentar echar abajo las candidaturas comunes actualmente registradas, utilizando un argumento similar al caso de Jalisco, ya que solo en el caso de gobernador, la alianza formada por PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, van en alianza pero hay municipios como Puebla en los que cada instituto político presenta candidatos propios, es decir en forma evidente también atentan contra el principio de uniformidad.

Los mismos criterios que orientaron la resolución en Jalisco, serían aplicables al caso de Puebla, sólo resta esperar si tanto el PRI, como MORENA deciden impugnar las candidaturas comunes y conocer el sentido del fallo que podría emitir el Tribunal Electoral del Estado, aunque seguramente, lo mejor sería que acudieran directamente a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, que en su caso debe respetar los mismos criterios de sus pares en los casos ya resueltos.

El cochinero electoral en el 2018

Bombardeo de spots de partidos a todos los ciudadanos. La estrategia presidencial para ganar.

En pleno auge de las precampañas políticas de los aspirantes a candidatos a la Presidencia de la República, mediante una publicidad, supuestamente sólo dirigida a los militantes de los partidos o en su defecto a los miembros de los órganos partidarios que tendrán a su cargo la designación del candidato que participará en la elección constitucional del primero domingo de julio de este año, los ciudadanos hemos comenzado a padecer, el bombardeo de spots a través de los medios masivos de comunicación, como radio y televisión con las imágenes y mensajes de quienes se perfilan a ser designados, es decir por la coalición PRI-PVEM-PANAL el delfín del Presidente, José Antonio Mead, por la integrada por el PAN, PRD Y MC, Ricardo Anaya, y por la que forman MORENA-PT Y PES, Andrés Manuel López Obrador, en una elección que se espera sea a tercios por la forma en que dichas coaliciones llegarán a la fecha de la elección, ya que difícilmente algún aspirante a Candidato Independiente logrará reunir el total de apoyos que fue fijado por el INE a quienes se inscribieron para alcanzar cubrir los requisitos, aun y cuando Margarita Zavala y el “Bronco” parecieran ser los únicos que están más cerca de cumplirlos, en estricto sentido, me parece que sólo con la ayuda del INE y su Consejo General, lograrán llegar a su registro y ello dependerá del comportamiento de las encuestas que se conozcan en la última semana de enero de este año, es decir, si ya existe una distancia importante del candidato de MORENA, respecto a los otros dos, seguramente se buscará por todos los medios se otorgue el registro a los independientes, para que sean sus porcentajes los que puedan marcar la diferencia en el resultado final, a favor alguno de los candidatos del PRIAN, que sin lugar a dudas, agotarán todos los medios, legales e ilegales para lograr posicionar en el primer lugar a su candidato.

La experiencia que se vivió en la elección a gobernador en el Estado de México en 2017, es una muestra palpable, de cómo el aparato de estado (municipal, estatal y federal) pueden trabajar hacia el logro de un solo objetivo, como lo fue el triunfo del candidato del PRI, con la complicidad y complacencia de las autoridades electorales, rebasadas en sus funciones y supeditadas a las órdenes de quienes los pusieron en los cargos.

La estrategia para lograr a toda costa el triunfo del candidato del PRI ya se puso en marcha desde hace varios meses, apuntada con la aprobación de la Ley de seguridad interior y de la denominada “Ley censura” en que se penaliza el uso de las redes sociales, a fin de evitar se difundan mensajes que afecten a terceros; además del nombramiento de autoridades como el titular de la Fiscalía para la Atención de delitos electorales (FEPADE) y el del encargado de supervisar el uso de las prerrogativas en el INE, nos dan la muestra clara que el objetivo es muy claro para el Presidente de la República y el PRI, alcanzar el triunfo de su candidato, sin importar los medios y las formas.

Habrá que estar muy pendientes, del desenvolvimiento de las acciones de gobierno y de las complicidades que seguramente se darán en todos los niveles, con los funcionarios encargados de los programas sociales, que seguramente serán utilizados con fines electorales, así como la compra de los votos que estarán a la orden del día, como moneda de cambio para tratar de convencer a los ciudadanos, de que la continuidad del actual gobierno, es los que más les conviene, a pesar de los duros golpes a la economía de las familias y del aumento del número de pobres en el país.

¡Voto apabullante vs. régimen autoritario!

Los 12 años de los panistas no ayudaron mucho. El regreso del PRI a Los Pinos, mucho ruido…

El ambiente tenso que se ha generado entre la población desde el anuncio de la liberalización de los precios de los combustibles, el contexto social reinante desde hace ya muchas décadas en México, a pesar de la supuesta alternancia en el poder, en el que predomina la precariedad y la restricción económica.

Los altos niveles de inseguridad, el avance avasallador de la corrupción en todos los niveles gubernamentales, que nos llevan a ocupar el primer peldaño de América latina en ese sector y la probada ineficiencia de nuestros gobernantes para aportar alternativas de solución, han abonado al crecimiento del hartazgo social y la falta de credibilidad en las instituciones encargadas de la funcionabilidad democrática de nuestro sistema político.

Sin embargo, reivindicar la vía electoral como la privilegiada en una democracia para que las inconformidades sociales se procesen por la vía pacífica, es la única vía de salvación que la población debe entender.

Es cierto, que ni Vicente Fox ni Felipe Calderón se atrevieron a diseñar un cambio de cultura política, y actuaron en forma parecida al PRI. ¿Fue por miedo a las consecuencias violentas de las rupturas? ¿O fue por incapacidad para imaginar nuevos esquemas? ¿O se debió a ambas circunstancias? Lo cierto es que la idea de alternancia en el poder quedó descartada como alternativa de solución para el mexicano; y el PAN carga hoy con la losa que le recordará que cuando llegó a Los Pinos fue incapaz, por partida doble, de instrumentar el cambio que por décadas había prometido.

Asimismo, el desencanto popular permitió que en 2012 el poder federal regresara a manos de quienes, se llegó a decir, podrían ser corruptos pero no eran tan ineficaces como los blanquiazules. Con el agregado de que los del nuevo gobierno eran dueños de un discurso reformista que en los primeros meses de la administración sorprendió a más de uno.

Pero esa narrativa ha quedado sepultada por la única cultura que el PRI conoce, una en la que no importan los ciudadanos ni el bien del país, sino los grupos que tienen capacidad de ejercer presión para burlar o pervertir la ley.

Con base en lo anterior, MORENA es un partido que ha experimentado una preferencia ascendente para erigirse como la posible alternativa de muchos ciudadanos ávidos de soluciones para vencer ese régimen de gobierno fallido.

Pero la verdadera fuerza de cambio radica en el ciudadano, aunque suene demagógico, es real que en un régimen democrático el poder radica en el pueblo, solo que los ciudadanos hemos permitido, desde nuestra indiferente y apática participación política, la sumisión a ese régimen.

Por lo que la única posibilidad de alcanzar un verdadero cambio, es mediante la vía electoral, donde la participación ciudadana sea tan grande y apabullante que termine por aplastar con votos, el poderío de la maquinaria que apoya a Antonio Meade, el candidato oficial del régimen, o al capricho llamado Frente por México de Anaya.

Si el día de la elección, salimos a ejercer nuestro derecho al voto, más del habitual 65%, la victoria (gane quien gane), será de la ciudadanía, representara el golpe de autoridad que pondrá a temblar al régimen autoritario.

Porque ellos, el régimen, ya se está preparando para contrarrestar y acallar a los inconformes con sus prácticas, tendrán a su disposición la Ley de Seguridad Interior, con la que pretende legalizar su dictadura, al conferirle poderes extraordinarios al presidente en turno y a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, sin que existan controles democráticos que permitan regular su actuación.

Por ello, ciudadano, no vendas ni permitas que te compren tu único instrumento de autoridad, no lo cambies por una despensa o por una promesa de hueso político, que por cierto nunca verás, no permitas que te arrebaten la oportunidad de combatir los gasolinazos, la inseguridad, la corrupción, la pobreza, todo lo que ha lacerado el crecimiento y desarrollo de nuestro país, si lo permites, cualquier queja o grito posterior resultara estéril.

En franca regresión al autoritarismo

La nueva ley de seguridad interior posibilita la arbitrariedad militar. ¿Represión por el 2018?

Gobernantes que acuden al encuentro con la plebe que los ovaciona, los idolatra y participa gustosa de la exaltación apoteósica de su príncipe, especialmente si con su determinación ha ganado la guerra. Rodeados de tentación imperiales con tintes de Monarquía, con ropajes republicanos: un monarca escoltado por su séquito, teniendo como rostro el del sistema autoritario hegemónico, envestido de desencanto político, miseria persistente y guerra que todo lo abarca.

La anterior escena, parece ser el sueño presidencial, concebido desde el sexenio pasado, puesto que, tanto el Mando Único, como la Ley de Seguridad Interior, fueron propuestas que Felipe Calderón inició y que el gobierno de Peña Nieto, como se pronostica, logrará imponer.

Así es, tal parece que las reformas centralistas y coptadoras de poder han involucionado en este sexenio, a tal grado que el autoritarismo como sistema de gobierno se asoma, una vez más, con toda su crudeza en el escenario de la vida política de México.

El pasado jueves 30 de noviembre, en una sola jornada en la Cámara de Diputados, la aplanadora priista en complicidad con: 14 diputados Panistas, 2 del PRD, y 2 de Encuentro Social, aprobaron, en sesión cerrada de la Comisión de Gobernación, el dictamen, para inmediatamente después votar en el Pleno la Ley de Seguridad Interior, que tanto exigieron las Secretarías de la Defensa nacional y la de Marina para legitimar su presencia y actuación en las calles.

Dicha ley fue aprobada según los diputados en base a la crisis de seguridad que padece el país desde hace más de una década, otorgando amplias prerrogativas a los militares, como la de decidir por sí mismos, cuándo y dónde intervenir en caso de urgencia para restaurar el orden interno, facultando al ejército y fuerzas armadas, para recolectar información de inteligencia de seguridad interior, obligando a las autoridades civiles a proporcionarles toda la información que soliciten.

Es decir, a cambio de que el ejército participe en el combate a la delincuencia, le otorgan facultades discrecionales ilimitadas, condicionadas solo a un informe de cuentas al Presidente de la República en su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Con lo anterior, una vez que esta ley entre en vigor, la participación de los militares en tareas de seguridad pública se considerará una necesidad de seguridad interior, sin prever riesgos como: la falta de controles efectivos a las fuerzas armadas; la discrecionalidad del Presidente de la República para determinar la afectación de seguridad interior y de prolongar la presencia de las fuerzas federales, incluidas las armadas, por tiempo indeterminado, la subordinación de los poderes civiles al mando castrense, la facultad para exigir información a órganos autónomos de investigaciones sobre fuerzas federales, decidir cuándo una manifestación o protesta social es pacífica, y la atribución de clasificar todas las acciones realizadas en el contexto de la atención a una declaratoria de afectación de seguridad interior, como reservada por ser un tema de seguridad nacional, entre otros factores.

Asimismo, pasando por alto los informes de organizaciones nacionales e internacionales, llamadas de alerta y recomendaciones de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), de activistas pro derechos humanos y familiares de desaparecidos, sobre la fallida estrategia de militarizar la seguridad publica en México durante los últimos diez años, que sólo ha dejado una estela de muerte e impunidad contra la población civil.

De hecho, su servidor lo advertío en una entrega anterior de esta columna, donde manifestaba que otorgar facultades a los militares para involucrarse directamente en asuntos de seguridad interna, que pongan en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública, y responsabilizar a los militares del orden interno, los convertiría en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma, capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país.

Por ello nuevamente reitero, la solución, no está en normar procedimientos militares, violatorios de derechos humanos de los civiles, lo que se necesita es que la seguridad pública esté en manos de fuerzas de seguridad profesionales e incorruptibles por el narcotráfico, entender que este problema es un fenómeno social, cultural, económico, de salud; la inseguridad es solo una de sus expresiones.

Sin embargo, las voces que se oponen a la aprobación de la ley de seguridad interior, no serán suficientes para cambiar el voto de los miembros del Senado, que se aprestan a aprobarla en todos sus términos, precisamente por todas las prebendas, dietas y canonjías que han recibido del actual Gobierno, vendiendo su conciencia y defraudando a quienes en las urnas les dieron su voto y confianza.

Quizás los diputados y senadores que apoyan la aprobación de la ley, piensan que nunca serán víctimas de los atropellos y violaciones en derechos humanos en contra de la población civil, que seguramente irán a la alza por la intervención “legal” de las fuerzas castrenses. Diez años de militarización de la seguridad pública en el país y sus nulos resultados, no fueron suficientes para deducir, que ese no es el camino correcto para combatir la delincuencia organizada y al narcotráfico. Pero seguramente sí servirán para acallar la inconformidad de los ciudadanos en las elecciones de 2018. Para mí, ese es el fondo de todo esto.

Candidaturas independientes y su registro: Misión imposible.

Obstáculos de tiempo, dinero y esfuerzos. Se impone la partidocracia.

A partir de 2014, se legisló en nuestro país a nivel federal, la figura de candidatos independientes con el objetivo de revitalizar la participación democrática. Para participar como tal, el ciudadano debe manifestar su interés al INE y cumplimentar los requisitos que se desprenden de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su Título Segundo, correspondiente al Proceso de Selección de Candidatos Independientes, revistiéndolos de derechos y obligaciones como aspirante y candidato, con lo que se pueda garantizar un proceso libre y democrático.

Dentro de las obligaciones mencionadas, la estipulada en el artículo 369, del ordenamiento legal referenciado, correspondiente a obtener apoyo ciudadano que sustente la intención de convertirse en candidato a un puesto de elección y sin la cual dicha intención no fructificará en el registro como candidato independiente en el proceso electoral, requisitos que desde la opinión de varios analistas políticos, resulta una misión casi imposible para un ciudadano común que tuviese esa intención de convertirse en candidato independiente.

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 371 de la LEGIPE, para que un ciudadano pueda aspirar a ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, deberá contar con una cédula de respaldo, la cual deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por electores de por lo menos diecisiete entidades federativas, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

Asimismo, para que un ciudadano pueda ser senador de mayoría relativa, la cédula de respaldo que deberá obtener, tiene que contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente a la entidad federativa que pretenda representar, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de los distritos electorales que sumen como mínimo el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.

Y para obtener un peldaño en el Congreso como diputado electo por el principio de mayoría relativa, los candidatos ciudadanos deberán, obtener una cédula de respaldo, con por lo menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

Es decir, para la Presidencia se debe contar con 866,593 apoyos (firmas) de la ciudadanía distribuidos en por lo menos 17 entidades federativas, que sumen cuando menos el 1% del total en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

Para las senadurías se debe contar con apoyos de por lo menos el 2% de la lista nominal de la entidad de que se trate pertenecientes a cuando menos la mitad de los distritos electorales.

En el caso de las diputaciones federales se debe contar con apoyos de por lo menos 2% de la lista nominal del distrito electoral federal de que se trate pertenecientes a cuando menos la mitad de las secciones electorales.

Lo paradójico de estos números de apoyos que se exigen a los aspirantes, es que la gran mayoría de ellos, no cuentan con los recursos, ni el personal  necesarios  para alcanzar las cifras requeridas, ya que incluso lo que gastarían para desplazarse y pedir los respaldos nadie se los va a reintegrar y deberá salir de su patrimonio. Además de que por el hecho de ser ciudadanos algunos sin trayectoria política, ni conocimiento de parte de los electores, difícilmente les darán el respaldo siendo unos desconocidos para ellos.

Como puede usted observar, dicho requisito se convierte en una loza muy pesada para un ciudadano que no cuente con recursos económicos propios que le permitan reunir esa enorme cantidad de firmas, en esta tesitura, las candidaturas independientes se convierten en una utopía del proceso electoral y si a esto agregamos, el límite de tiempo con el que cuentan para ello, la imposibilidad aumenta, ya que para ser candidato independiente a Presidente de la República,  son ciento veinte días; Senadores de la República, noventa días, y Diputados, sesenta días.

Por otra parte, El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los lineamientos que se utilizarán para verificar el porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales en las elecciones del 2018.

Dichos lineamientos de verificación incluyen una aplicación móvil que el INE desarrolló para permitir a los aspirantes a candidaturas independientes obtener la información de las personas que respalden su candidatura, sin la utilización de papel para la elaboración de cédulas de respaldo y sin tener que fotocopiar la credencial para votar, según informó el Instituto en un comunicado.

Por todo lo anterior, la figura de la candidatura independiente jamás podrá ser considerada realmente como un instrumento factible, de la que puedan hacer uso ciudadanos sin recursos económicos, ciudadanos de a pie, ciudadanos que ilusamente creyeron que es posible la participación política, sin los Partidos.

 

El ciberespionaje ruso, un riesgo para las elecciones de 2018

Los marcos legales que permiten el voto de mexicanos en el extranjero. Alarma sobre la mano rusa.

El 30 de junio de 2005, mediante la incorporación del Libro Sexto al entonces vigente, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), se aprobó el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Con ello, México se sumó a los más de 100 países que cuentan con legislaciones que permiten a sus ciudadanos votar fuera de sus lugares de origen, representando un avance para el fortalecimiento y consolidación de la democracia mexicana.

Asimismo, con la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, se modificó el otrora IFE para transitar a un instituto de carácter nacional denominado Instituto Nacional Electoral (INE). De igual manera, como parte de este proceso, se creó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Esta nueva legislación electoral incorporó modificaciones relevantes en materia del voto desde el extranjero, específicamente en lo referente a la ampliación de los cargos por los que los ciudadanos podrán votar desde el exterior; la atribución del INE para emitir la credencial para votar en territorio extranjero; la ampliación de las modalidades del registro y emisión del voto; así como la atribución del INE para establecer los lineamientos que deberán seguir los Organismos Públicos Locales (OPL) de aquellas entidades que reconocen el derecho al voto de sus oriundos radicados en el extranjero.

En base a lo anterior, las modalidades de emisión del voto, fundamentadas en el artículo 329, párrafo 2 de la LEGIPE quedaron de la siguiente forma:

A) Por correo postal, cuya boleta deberá llegar a México hasta 24 horas antes del inicio de la jornada;

B) Mediante entrega personal de la boleta en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, a más tardar el domingo anterior al de la jornada electoral, o

C) Vía electrónica, de conformidad con la ley y en los términos que determine el INE, hasta las 18 horas del día de la elección. Esta modalidad podrá implementarse hasta que el INE realice la comprobación pública del sistema a utilizar, antes del inicio del Proceso Electoral 2017-2018. Para ello, se deberá contar con el dictamen de al menos dos empresas de prestigio internacional, así como acreditar la certeza y seguridad del sistema. (Décimo Tercero Transitorio).

Respecto al escrutinio y cómputo de esos sufragios, la LEGIPE en sus artículos 347, 348, 349, 350, 351 y 352, estipula que: Durante la jornada electoral se realizará el escrutinio y cómputo de la votación desde el extranjero por los funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo. El INE realizará la suma de los resultados de las actas de las mesas, y asentará la votación total en las actas de cómputo distrital. El Secretario Ejecutivo generará el informe de resultados de la votación y ordenará su inclusión en el sistema de resultados electorales preliminares.

Sin embargo, esta práctica innovadora de fortalecimiento y consolidación de la democracia mexicana, puede significar convertirse en un instrumento, para su aniquilación en el próximo ejercicio electoral de 2018 en México.

Lo anterior, en razón de la preocupación manifiesta del INE, sobre reportes operativos y analíticos que señalan que, desde computadoras en Rusia se vienen incrementado los accesos al sitio votoextranjero.mx, el cual, es el portal del INE que permitirá votar electrónicamente desde el extranjero en la elección presidencial venidera.

El incremento en estos accesos, se reportan en el INE como una anomalía, ya que según el reporte elaborado con Google Analytics, el 65 por ciento de éstos, provienen de San Petersburgo, ciudad considerada paraíso del ciberespionaje, y a que es precisamente en esa ciudad donde están instalados los principales hackers y una importante cantidad de granjas de bots.

Este temor está fundamentado en los acontecimientos recientes que evidencian la intervención del gobierno de Rusia en las elecciones norteamericanas. A que Holanda, en sus recientes comicios, decidió contar los votos a mano para evitar que los rusos alteraran los resultados. Y también a que según un informe del pasado 6 de octubre presentado por la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional, “Rusia continuará tratando de influir el voto en los países aliados a Estados Unidos”.

El propósito de Rusia, según estudiosos, es actuar para que accedan al poder líderes populistas autoritarios, e imponer un candidato a la presidencia hostil al gobierno de Estados Unidos y contrario al Tratado de Libre Comercio, para convertir a México en un punto estratégico de acción contra su acérrimo rival, como lo hizo en su momento la Unión Soviética con Cuba, al sostener durante 30 años la dictadura de Castro.

Ante tal contingencia, al interior del INE se dice que aunque llegaran miles de solicitudes desde Rusia, antes de enviar la boleta electoral vía correo, se auditará al solicitante para tener plena certeza de su existencia y de su derecho a ejercer el sufragio. Lo que aun si les preocupa y de forma importante, es la posibilidad que la noche de la elección, puedan alterar la página del programa de resultados preliminares (PREP) o la que lleva los cómputos distritales, situación que sí pondría en duda y hasta en riesgo los resultados finales de la elección, ya que dudo mucho que el INE tenga las herramientas técnicas adecuadas para detectar y frenar el trabajo de los hackers rusos para modificar los resultados de la elección.

 

¿Y las «donaciones» de los partidos políticos?

La tragedia a raíz del sismo. Lo que dijeron los dirigentes partidistas. Más de 1,903 mdp.

Ante el imprevisto natural del pasado 19 de septiembre en México, la unión y solidaridad entre los mexicanos, fue la respuesta instantánea y eficaz que opuso resistencia a la tragedia, sin simulaciones y trabajando hombro con hombro, la organización civil pudo contrarrestar los daños ocasionados, desprendiéndose de lo poco o mucho que podía aportar, ejemplos hubo muchos y tratar de enumerarlos pudiendo dejar fuera a alguno, sería injusto, pues toda la ayuda aportó.

También estuvo presente la contraparte, los que aprovechándose de la necesidad y la circunstancia caótica, abusaron de la solidaridad de las personas y cometieron delitos como robos, asaltos, acaparamiento y hubo hasta quien quiso beneficiarse políticamente de la tragedia.

Tal fue la magnitud de la organización civil, que emergió del grosor de la sociedad, la exigencia a que los partidos políticos actuaran como verdaderas instituciones de interés público y “donaran“ (mejor dicho regresaran) los recursos que les asignó el INE para las elecciones de 2018, nadie en su sano juicio iba a permitir que se activara una campaña presidencial tan costosa, en las condiciones en que se encuentra el país y que se tornaron más críticas en los Estados afectados por los sismos.

En un principio el INE, salió a decir que era imposible desviar el recurso que constitucionalmente se designa a los partidos políticos para un objetivo específico, sus campañas, lo que provocó el rechazo de la sociedad.

Sin embargo, al darse cuenta de la dimensión y repercusión, que su insensibilidad social podría traer como consecuencia, optaron por declarar en voz de su presidente Lorenzo Cordoba, que habían encontrado el camino legal para poder dar respuesta a lo que todos los mexicanos exigían.

Asimismo, los principales partidos políticos, cada uno desde su trinchera, salieron a exponer diferentes propuestas, algunas de ellas viables y conscientes de la necesidad que impera en nuestro país, otras, simple demagogia, para no echarse aún más en su contra, la animadversión de los ciudadanos.

Por ejemplo, el PRI renunció a 258 millones de pesos, que es el monto del financiamiento público de lo que resta de este año. MORENA se comprometió a donar el 50% de su presupuesto. El PAN dijo que renunciaría a todo aquello que legalmente no esté comprometido para este año, así como la renuncia total a su pauta de medios. El PANAL donará 20% de sus gastos de campaña y 6% de sus gastos ordinarios. El PVEM ofreció donar 25% de su presupuesto de 2017. Encuentro Social ofreció el 20% de sus recursos.

Solo Movimiento Ciudadano dijo que donará el 100% de su presupuesto, y el PRD no especificó cantidad aunque la Secretaria General del PRD, Beatriz Mojica, dijo que los partidos deben poner el 100% de sus gastos de campaña. Si esto no se queda sólo en palabras, el PRD donará 248.10 millones de pesos.

Resumiendo, el que prometió más dinero fue Movimiento Ciudadano 537.02 millones de pesos y el que prometió menos fue el Partido del Trabajo, con tan sólo el 20% de su presupuesto asignado a campañas, apenas 23.68 millones de pesos.

En cuanto a porcentajes, los partidos Encuentro Social y Movimiento Ciudadano, fueron quienes más ofrecieron, con el 100% de su presupuesto y el que menos ofreció fue el PT, que sólo donará el 6% de su presupuesto total.

Como podemos observar los partidos políticos salieron a exponer su conciencia social y sensibilidad humana, devolviendo dinero que reciben del erario, es decir, de nuestros bolsillos, intentando con ello convertirse ante los ojos del ciudadano como auténticas instituciones de “interés público” que velan por el bienestar de la sociedad y de quien más lo necesita.

Sin embargo, a la fecha nadie ha aclarado, si se ha dicho, cuándo y bajo qué procedimiento los partidos van a realizar esas “donaciones”, son respuestas que nadie conoce, prometieron donar dinero de campaña, que van a recibir hasta el mes de febrero del próximo año y muchos otros como el PAN dinero de cosas intangibles como todo aquello que legalmente no esté comprometido para este año.

Una vez más, los mexicanos hemos sido testigos de las artimañas de los partidos políticos, para hacernos creer, que en verdad les importa ayudar a resolver la grave crisis que viven, los miles de damnificados por los sismos, cuyo futuro nadie conoce y conforme pase el tiempo quedarán en el olvido de las autoridades.

El pueblo mexicano está harto de simulaciones, exigimos transparencia y optimización en el manejo de estos recursos, son alrededor de 1,903.18 millones de pesos que no debemos permitir se pierdan en el discurso político y que se convierta en otra mentira más de los partidos políticos. Nuestro voto el primer domingo de julio de 2018,será el mecanismo para castigar a los que una vez más mintieron, sin la mínima intención de atender la demanda de la mayoría de los mexicanos.

¡Llegó la hora de ayudar y dejar de robar!

Los partidos políticos tienen que ayudar a reconstruir lo dañado. Ese es su deber.

De todos los Partidos Políticos que integran la baraja de opciones de nuestra incipiente democracia, siempre se ha escuchado el discurso político, de que su principal objetivo es trabajar por México y defender los intereses de los mexicanos, pues bien, ante los acontecimientos devastadores que ocasionó el terremoto de este 19 de septiembre en la ciudad de México, Puebla y Morelos, sumados a los que el 7 de septiembre sufrieron Oaxaca y Chiapas; estas instituciones políticas, tienen la oportunidad de demostrar que dicho discurso no está fundamentado únicamente en demagogia pura, utilizada con el único objetivo de ganar el voto  para llegar al poder, olvidándose de sus promesas de campaña, como es y ha sido su costumbre.

Es el momento de demostrar con hechos concretos y no con discursos demagogos, que realmente les preocupa el bienestar de los mexicanos, y que sus acciones están revestidas de sensibilidad para afrontar la situación que se vive en estos estados y en el país.

Hoy, tienen ante sí, la oportunidad de reivindicarse como instituciones de interés público, es el momento de que los líderes nacionales de todos los Partidos, organicen a sus huestes para ayudar a los más afectados y dejen de gastar tantos recursos para su imagen y fortalecimiento de sus candidaturas, llegó el momento de que se pongan al frente de las movilizaciones que hagan llegar ayuda, víveres, medicamento, herramientas a los más afectados. De que Andrés Manuel López Obrador, presidente de MORENA, ahora sí cumpla su promesa de salvar a los más necesitados, promoviendo con sus legisladores iniciativas que canalicen más recursos al Fondo de desastres.

Es el momento de que todos los Partidos Políticos den una muestra de sensatez política y social; legislando para que se apruebe  la propuesta que les han planteado diferentes organizaciones sociales, de donar al menos el 20% del presupuesto que recibirán por concepto de campañas electorales, el cual, asciende a 6 mil 778 millones de pesos que les aprobó el INE y que dicho sea de paso, representa el presupuesto más alto de la historia para unas elecciones en México.

Y aunque es cierto que se les invita a “donar”, también es cierto, que ese dinero no saldría de sus bolsillos, toda vez, que el dinero que reciben proviene de todos y cada uno de los ciudadanos que pagamos impuestos en este país, es decir, solo lo estarían canalizando, para que se utilice, en algo que es realmente importante, humanitario y urgente, ayudar a los damnificados por los dos terremotos ocurridos.

En base a lo anterior, al PRI le tocaría donar 200 millones de pesos; al PAN 158; PRD 95 y MORENA 80; lo que equivaldría a 533 millones de pesos, dinero que ayudarían en alto grado en estos momentos y que brindaría a los partidos políticos la oportunidad de cambiar en parte la mala opinión que tiene la mayoría de los ciudadanos sobre su actuar, porque un gesto de esta naturaleza créame, que sería bien retribuido en las urnas en 2018, aunque por lo declarado por los Diputados de dichos Partidos, eso no les quita el sueño, ya que bajo argumentos legaloides, señalan que no es posible donar los recursos, porque sería un desvió de recursos públicos, es decir, ni cómo ayudarlos, ya que ese dinero ya lo consideran su patrimonio.

Lo anterior, reforzado por el INE y  sus consejeros “ciudadanos”, indolentes y deshumanizados; quienes manifestaron que sería ilegal usar dinero público para fines distintos a los que establece la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, que les prohíbe utilicen de manera discrecional dichos recursos.

Por lo anterior, cabe preguntarnos, porque no han actuado de esta forma ante los múltiples casos de rebase de tope en gastos de campaña de los candidatos de los Partidos o ante los casos de corrupción, actos anticipados de campaña, o inequidad dentro de un proceso electoral; querer hacerse pasar como lo paladines de la justicia, como los más respetuosos de la ley electoral, a costas del sufrimiento y la necesidad humana me parece una actitud inhumana y vil. Pero hay que aceptar, que para eso los pusieron los propios Partidos.

Otros que también deberían aportar a la ayuda es el Presidente de la República y los Gobernadores, cediendo su presupuesto para gastos de su imagen y comunicación a los afectados, créame son miles de millones de pesos, tirados al aire para el enaltecimiento de figuras tan “respetables”.

Dirigentes de los partidos políticos, hoy es cuando más aplaudiríamos una reforma que diera cauce a esta demanda ciudadana, es hoy, cuando más queremos ver actuar a toda su estructura y recursos en favor de quienes los hemos mantenido durante toda su existencia, es hoy señores ¡HOY!