¡Voto apabullante vs. régimen autoritario!

Los 12 años de los panistas no ayudaron mucho. El regreso del PRI a Los Pinos, mucho ruido…

El ambiente tenso que se ha generado entre la población desde el anuncio de la liberalización de los precios de los combustibles, el contexto social reinante desde hace ya muchas décadas en México, a pesar de la supuesta alternancia en el poder, en el que predomina la precariedad y la restricción económica.

Los altos niveles de inseguridad, el avance avasallador de la corrupción en todos los niveles gubernamentales, que nos llevan a ocupar el primer peldaño de América latina en ese sector y la probada ineficiencia de nuestros gobernantes para aportar alternativas de solución, han abonado al crecimiento del hartazgo social y la falta de credibilidad en las instituciones encargadas de la funcionabilidad democrática de nuestro sistema político.

Sin embargo, reivindicar la vía electoral como la privilegiada en una democracia para que las inconformidades sociales se procesen por la vía pacífica, es la única vía de salvación que la población debe entender.

Es cierto, que ni Vicente Fox ni Felipe Calderón se atrevieron a diseñar un cambio de cultura política, y actuaron en forma parecida al PRI. ¿Fue por miedo a las consecuencias violentas de las rupturas? ¿O fue por incapacidad para imaginar nuevos esquemas? ¿O se debió a ambas circunstancias? Lo cierto es que la idea de alternancia en el poder quedó descartada como alternativa de solución para el mexicano; y el PAN carga hoy con la losa que le recordará que cuando llegó a Los Pinos fue incapaz, por partida doble, de instrumentar el cambio que por décadas había prometido.

Asimismo, el desencanto popular permitió que en 2012 el poder federal regresara a manos de quienes, se llegó a decir, podrían ser corruptos pero no eran tan ineficaces como los blanquiazules. Con el agregado de que los del nuevo gobierno eran dueños de un discurso reformista que en los primeros meses de la administración sorprendió a más de uno.

Pero esa narrativa ha quedado sepultada por la única cultura que el PRI conoce, una en la que no importan los ciudadanos ni el bien del país, sino los grupos que tienen capacidad de ejercer presión para burlar o pervertir la ley.

Con base en lo anterior, MORENA es un partido que ha experimentado una preferencia ascendente para erigirse como la posible alternativa de muchos ciudadanos ávidos de soluciones para vencer ese régimen de gobierno fallido.

Pero la verdadera fuerza de cambio radica en el ciudadano, aunque suene demagógico, es real que en un régimen democrático el poder radica en el pueblo, solo que los ciudadanos hemos permitido, desde nuestra indiferente y apática participación política, la sumisión a ese régimen.

Por lo que la única posibilidad de alcanzar un verdadero cambio, es mediante la vía electoral, donde la participación ciudadana sea tan grande y apabullante que termine por aplastar con votos, el poderío de la maquinaria que apoya a Antonio Meade, el candidato oficial del régimen, o al capricho llamado Frente por México de Anaya.

Si el día de la elección, salimos a ejercer nuestro derecho al voto, más del habitual 65%, la victoria (gane quien gane), será de la ciudadanía, representara el golpe de autoridad que pondrá a temblar al régimen autoritario.

Porque ellos, el régimen, ya se está preparando para contrarrestar y acallar a los inconformes con sus prácticas, tendrán a su disposición la Ley de Seguridad Interior, con la que pretende legalizar su dictadura, al conferirle poderes extraordinarios al presidente en turno y a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, sin que existan controles democráticos que permitan regular su actuación.

Por ello, ciudadano, no vendas ni permitas que te compren tu único instrumento de autoridad, no lo cambies por una despensa o por una promesa de hueso político, que por cierto nunca verás, no permitas que te arrebaten la oportunidad de combatir los gasolinazos, la inseguridad, la corrupción, la pobreza, todo lo que ha lacerado el crecimiento y desarrollo de nuestro país, si lo permites, cualquier queja o grito posterior resultara estéril.

¡Suprema Corte de Justicia vs la omisión legislativa!

EPN supera a Fox y Calderón en el rubro. Más de 37 mil mdp. ¿Acatarán legisladores el fallo?

Dos de la principales promesas de Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial fueron, acabar con la corrupción y con el gasto excesivo en publicidad oficial, que los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox habían derrochado, ambas promesas, incumplidas a escasos diez meses de dejar su mandato, ya que el Sistema Nacional Anticorrupción ha resultado un instrumento estéril para cumplir con ese primer objetivo, puesto que ni con titular oficial cuenta, y por otra parte, el sobre ejercicio en el presupuesto para el gasto en publicidad oficial y uso de la imagen pública ha crecido indiscriminadamente en este sexenio, incluso por encima del erogado por sus antecesores.

Tan solo en el periodo de 2013 a 2016 el gasto en publicidad del ejecutivo superó un  71.86 por ciento más del monto aprobado por la Cámara de Diputados para ese rubro; esto es, 15 mil 162 millones de pesos más. De los cuales, se desconoce en qué fueron invertidos, de dónde se obtuvieron los recursos adicionales y los motivos para modificar el presupuesto inicial. Estas cifras, de acuerdo al informe ´Contar “lo bueno” cuesta mucho, el gasto en publicidad oficial del gobierno federal’, realizado por Fundar, en ese mismo periodo y sumando los primeros 6 meses de 2017, la cantidad que se ha gastado en pago por publicidad oficial, asciende a 37 mil 725 mdp; cuatro veces el presupuesto 2016 (9 mil 433 mdp) destinado a becas de posgrado y apoyo a la calidad, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que benefició a 57 mil 803 personas.

Reitero, todo ello, a pesar de la promesa de campaña, de crear una instancia reguladora del gasto de publicidad oficial, para erradicar gastos innecesarios y poder atender problemáticas urgentes planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

La compra de espacios publicitarios siguió realizándose a discreción y en favor de solo algunos medios de comunicación y con una total ausencia del principio de neutralidad que en ellas debía predominar, ya que la difusión de nombres, imágenes, voces o símbolos promocionando a diversos actores políticos y funcionarios siguen estando  a la orden del día.

Aunado a lo anterior, este instrumento (la publicidad oficial) fue utilizado como la herramienta favorita y eficaz para castigar a sus críticos y premiar a sus aduladores, lo cual fue incrementando su uso año con año hasta llegar a los más de 37 mil millones de pesos que la administración actual ha derrochado.

Pues bien, ante esta negligente actuación por parte del ejecutivo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 15 de noviembre, emitió un histórico fallo al conceder un amparo a la organización no gubernamental internacional denominada Artículo 19, en contra de la omisión del Congreso para normar la compra de espacios publicitarios por parte de los gobiernos en los medios de información.

Con lo anterior, la Suprema Corte, ultimó al Congreso a elaborar una ley en publicidad oficial antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir antes del 30 de abril de 2018.

Ley con la que tendrá que trabajar quien resulte ganador en el periodo electoral venidero, a menos que, a nuestros flamantes legisladores, se les ocurra desacatar la sentencia e incumplir con su obligación legislativa tal y como ha ocurrido desde la reforma electoral de 2007 donde se estableció que el Congreso debía reglamentar el artículo 134 Constitucional para dar garantías a la libertad de expresión, incluida la publicidad oficial entre otras materias.

Replicando dicho incumplimiento en febrero de 2014 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reformaban varias disposiciones de la Constitución y establecía que el Congreso debía expedir, antes del 30 de abril de ese mismo año, una ley que garantizara la transparencia en publicidad oficial.

Inobservancias que propiciaron un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, que se presentó no sólo por el Presidente de la República, sino también con los Gobernadores de los Estados, con un uso arbitrario y escandaloso del presupuesto para premiar a los medios incondicionales y para exterminar a sus críticos, lo cual ha constituido un mecanismo de restricción o limitación directa de la libertad de expresión, que se tradujo además en una clara violación al derecho a la información para los ciudadanos, que deben tomar por cierta la información “oficial” difundida por los medios comprados.

Lo anterior da pie a que existan relaciones de complicidad y manipulación de la información, entre gobiernos y medios en el país, así como censura sutil y el desarrollo potencial de redes de corrupción. Sin embargo, desde hoy le apuesto a que ni el fallo de la Suprema Corte de Justicia para obligar al Congreso emita la ley en la materia, será suficiente para que nuestros legisladores lo cumplan, ya que son muchos los intereses que hay en juego y sobre todo que a ninguno de ellos conviene perder el control de los medios y tener en su contra a las audiencias. ¡Al tiempo¡