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¡Una nueva constitución o pacto para México!

Un político, no da nada, a cambio de nada. Seriedad la de los académicos y sus propuestas.

Estamos entrando de lleno en una época preelectoral, tiempo en que los políticos de todos los partidos y corrientes ideológicas empiezan a diseñar estrategias en búsqueda de nuestro voto, con la firme intención, según ellos, de sacar a México de los grandes problemas en que se encuentra y de hacer creer a los ciudadanos que es posible un cambio de rumbo del país, que beneficie a la mayoría y no sólo a los grupos empresariales que por décadas se han enriquecido a costa de la explotación de los trabajadores y con el apoyo de un estado neoliberal, que se ha traducido en convertir a México en uno de las naciones más desiguales del mundo.

De todos ellos, populistas, tecnócratas, neoliberales, de derecha, de izquierda o de más a la izquierda, escuchamos que tienen la fórmula para acabar con toda la problemática social, económica, política y jurídica que está lacerando poderosamente el constructo social mexicano y prometen que en manos de ellos alcanzaremos el tan anhelado desarrollo nacional. Que meterán a la cárcel a todos los corruptos, que acabarán con el narcotráfico, que la desigualdad social pasara a formar parte de la historia, en fin, promesas sexenales que todos conocemos y que con el tiempo, como ha ocurrido quedarán en el olvido. Muchos de estos personajes que han brincado de un partido a otro, o de una posición de diputados a senadores, confían en la falta de memoria de los electores, es decir, que aún y cuando con su respaldo aprobaron leyes o aumentos de impuestos afectando a millones de mexicanos, como los gasolinazos, ello ya quedó atrás y con la cara muy lavada esperan recibir de nuevo el voto de sus representados.

Sin embargo, la fórmula mágica que hará posible el milagro prometido, solo ellos la conocen y la aplicaran sólo en caso de resultar vencedores en el proceso electoral, claro, recordemos que un político, no da nada, a cambio de nada.

Esperar una propuesta congruente, estudiada, metódica y sobre todo sensible de la realidad social, económica política y jurídica del estado mexicano, sin condicionar, solo podía venir de alguien que no fuera político.

Pues bien, dicha propuesta proviene de la academia, del sector intelectual, que realiza investigaciones y se auxilia de todas las ramas de la ciencia del Derecho para aportar alternativas de solución congruentes.

Se trata de una propuesta de una Nueva Constitución Política para México, de un Nuevo Pacto Social, realizada por el Congreso Constituyente Ciudadano, quien trabajó arduamente, con recursos propios durante un año, de febrero de 2016 a febrero de 2017, realizando congresos y mesas de trabajo con universidades, instituciones de educación superior, instituciones sedes, organizaciones sociales, de profesionistas, empresariales, agrarias, sindicales, organizaciones no gubernamentales y demás expresiones de la sociedad de veintiún estados de la república.

Pues bien, el resultado de ese arduo trabajo, trajo consigo el nacimiento de un instrumento académico-social, cuyo objetivo es enfrentar y resolver los graves problemas del desorden nacional, a partir de un nuevo pacto social, con el que se pretende combatir los retrocesos y contradicciones que ha generado un orden jurídico nutrido pero lento, con instituciones ineficientes y rebasadas, que además, permita erradicar el aumento de la inseguridad, la delincuencia, la corrupción, la impunidad y la complicidad en el robo permanente de nuestros recursos con el consecuente incremento de la pobreza, el desempleo y la delincuencia.

Teniendo como base el análisis histórico sociológico de cada disposición constitucional, se propone, lograr identidad nacional fuerza republicana, participación ciudadana y congruencia del nombre usual de nuestro país con el nombre de México. Precisar el rumbo del país al incluir en el capítulo primero del título primero los fines del Estado Mexicano. Lograr la observancia de todos los derechos humanos fundamentales, dejando atrás la imprecisión de estos derechos. Avanzar en la consolidación del Estado de derecho republicano, democrático, representativo laico popular, incluyente y de participación ciudadana. Resolver por sus causas el grave problema de la inseguridad; la drogadicción, el narcotráfico la delincuencia, la impunidad y la inseguridad, mediante los nuevos instrumentos planteados por este novedoso instrumento.

Como podemos observar nos encontramos ante una propuesta ciudadana que bien valdría la pena poner al escrutinio de los mexicanos y decidir sobre su aprobación y aplicación, sin embargo, esta tarea es igualmente difícil, pero a pesar de ello, el Dr. Luis Ponce de León Armenta, uno de los principales artífices de esta propuesta, la está llevando por toda la república, en su lucha por alcanzar los apoyos necesarios como base de su candidatura independiente a la presidencia de nuestro país, en un esfuerzo por brindar al electorado una verdadera alternativa de elección dentro del proceso electoral venidero. Incluso proponiendo sea retomada por otras fuerzas políticas y candidatos, que aún y cuando se perfilan para contender por esta posición, a la fecha no han presentado un propuesta de como resolverán la situación tan crítica del país. Por ello, miles de universitarios están desde ahora dándole su apoyo, porque es el único que tiene una propuesta clara y sería para cambiar realmente el rumbo de México.

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¡Crimen organizado y robo de hidrocarburo!

Secuelas del crimen organizado en el mundo. El caso de México y los diversos delitos. Puebla.

Para ningún mexicano, es desconocido, que el país atraviesa por una prolongada etapa de violencia e inseguridad, que lacera e impide el desarrollo de nuestro constructo social y especial aporte en este lamentable rubro lo tienen las actividades del crimen organizado, las cuales, a contrario sensu, si han observado un desarrollado en cuanto a su diversidad y campo de acción.

Aunque esta problemática, no es exclusiva de nuestro país, si es México, quien ha visto crecer mayormente este tipo de actividades delincuenciales en un tiempo muy reducido. Para mayor ahondamiento, es importante conocer lo que nos muestra el estudio de la Global Financial Integrity, Transnational Crime and the Developing World, el cual, indica que las actividades de las organizaciones del crimen trasnacional generan entre 1.6 y 2.2 billones de dólares estadunidenses al año en todo el mundo. El monto no sólo llena los bolsillos de los perpetradores, los recursos sirven también para financiar la violencia y la corrupción en países de los cinco continentes.

Las actividades de las organizaciones del crimen trasnacional se basan en 11 actividades: saqueo, explotación y muerte: narcotráfico; tráfico de armas ligeras; tráfico de personas; tráfico de órganos; tráfico de bienes culturales; falsificación de productos; comercio ilegal de vida silvestre; pesca ilegal y/o no reportada; tala ilegal; minería ilegal, y robo de petróleo crudo.

Esta última actividad la de robo de combustible, es la que ha venido a cambiar el contexto de las actividades de la delincuencia organizada en México, al convertirse ésta en la preferida para abastecer de recursos económicos a las diferentes organizaciones criminales que tienen actividades dentro de nuestro territorio nacional.

Muestra de lo anterior, lo evidencia el estudio realizado por José Ignacio Montero Vieira, del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), donde precisa que Los Zetas, el Cartel del Golfo, Los Caballeros Templarios, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, controlan el robo de hidrocarburos en el país, en complicidad con empleados de Pemex, de acuerdo con la zona de influencia de cada organización criminal, puesto que este delito requiere tener cierto, conocimiento técnico, para saber cómo ordeñar.

Explica que el radio de acción del cartel de Los Zetas es muy amplio, ya que sus actividades relacionadas al robo de combustible se extienden por Tabasco, Campeche, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Nuevo León. “Es tal la importancia que esta organización le da al robo de combustible que ha establecido una extensa y compleja red criminal dedicada a esta actividad y a eludir la acción de la justicia y proteger su nueva fuente de financiación”.

De lo anterior, la situación más alarmante se vive en Puebla, ya que la entidad se ha convertido en los últimos 5 años en el epicentro del robo de combustible. Entre 2011 y 2015, el número de tomas clandestinas creció un 915%, según cifras de Pemex. En 2015, se detectaron 815 puntos de ordeña, más del doble que el año anterior y en el primer semestre de 2016, se localizaron 601 tomas de clandestinas, lo que en suma hace casi la tercera parte del total nacional, ya que hasta 2016 eran 6159 tomas clandestinas detectadas en el territorio nacional.

Por ello, Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en robo de combustible, siendo los municipios del denominado Triángulo Rojo, como Palmar de Bravo, Amozoc, Tepeaca, Quecholac, Acatzingo y Esperanza, los que tienen la mayor incidencia, ya que ahí es donde atraviesa la denominada “Franja del Huachicol”, que comprende un tramo de 131 kilómetros que atraviesa la entidad y que inicia en el municipio de Esperanza, en la frontera con Veracruz, y culmina en San Martín Texmelucan, colindante con el Estado de México.

Por lo que al ser la zona más atractiva para la delincuencia debido a la presencia de tuberías de Pemex, surge la necesidad de que todos los componentes de la sociedad poblana (autoridades, ciudadanos, gobernantes, académicos, etc) trabajemos conjunta e integralmente para implementar políticas criminales que puedan oponer resistencia y prevenir el crecimiento de esta nueva forma de financiamiento que el crimen organizado ha encontrado.

Políticas criminales que tengan como principales puntos: combatir la corrupción al interior de Pemex, y de las diversas autoridades implicadas, así como, impulsar el desarrollo de las comunidades, para que no encuentren en esta actividad criminal el único medio de subsistencia, y hasta ir pensando que en la medida en que suba el precio de la gasolina, crecerá el robo de combustible.

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¿Y la ayuda económica de E.U. para derechos humanos?

Iniciativa Mérida, 1,400 millones de dólares a México. Combate al narco, terrorismo, seguridad.

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El 22 de octubre de 2007, los presidentes de México y Estados Unidos anunciaron un programa de colaboración para combatir el narcotráfico y el terrorismo llamado “Iniciativa Mérida”, la cual, preveía inicialmente una ayuda de 1,400 millones de dólares de Estados Unidos hacia México por un periodo de tres años.

El presupuesto otorgado para la Iniciativa Mérida estaba dividido en tres grandes rubros: 1) Combate al narcotráfico, al terrorismo y seguridad fronteriza; 2) Seguridad pública y aplicación de la ley; y 3) Construcción institucional y estado de derecho.

El año de arranque de la Iniciativa Mérida, fue en 2009; ya que 2007 y 2008 enfrentó problemáticas como la necesidad del gobierno estadounidense de cerciorarse de que los fondos se utilizarían de manera adecuada, la burocracia, las presiones políticas dentro de Estados Unidos generadas por la crisis económica mundial y la revelación de nuevos casos de corrupción entre los altos mandos mexicanos encargados del combate a las drogas, lo cual hizo revivir la tradicional desconfianza, retrasando la puesta en marcha de este programa.

Para el arranque de esta iniciativa se destinó por parte de E. U., $852.78 millones de dólares como asistencia económica, la cual se ha visto mermada en un 49 por ciento a la presupuestada para el año fiscal 2013, y 533.28 por ciento menos que la del 2009, quedando ahora para el año fiscal 2017 en 134.66 millones de dólares.

En 2015 el gobierno estadunidense bloqueó parte de los fondos anuales que destina a México dentro de la Iniciativa Mérida de colaboración para la seguridad, por preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país. Por casos como el de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, localidad de Iguala, en septiembre de 2014, organizaciones como Human Rights Watch llevaban tiempo reclamando al gobierno de EU que supeditara la entrega de fondos a avances en la situación de los derechos humanos en México.

En la actualidad, la mayor parte de la asistencia estadounidense se utiliza para aspectos relacionados con la democracia, derechos humanos y gobernanza, en la categoría de democracia y derechos humanos, 58 millones de dólares se destinan para fortalecer el Estado de derecho y las garantías individuales en el país; 16.65 millones se prevén para acciones que fomentan la buena gobernanza y 4.20 millones para organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, el empleo de esta ayuda económica, aunada al presupuesto que se destina al rubro de derechos humanos, haría albergar esperanzas de efectivizar las estrategias de desarrollo, en un marco en el que los derechos humanos sean respetados y garantizados y se prioricen los sectores más excluidos y vulnerados de la sociedad, donde el mayor porcentaje lo ocupan las mujeres. Situación que sucede a contrario sensu desde la implementación de la iniciativa, ya que precisamente en el sexenio de Felipe Calderón fue cuando se dispararon los casos de violación a derechos humanos en el país y mención aparte merece la administración de Peña Nieto, que ha sido catalogada como la más cruenta y sangrienta.

Por lo anterior, cabría realizar las siguientes preguntas: ¿Dónde se fue ese dinero? ¿Cómo se ha gastado? ¿Quién lo ha gastado? Porque, a pesar de ser de los principales rubros en los que se invierte esta ayuda económica, los resultados para los que fueron destinados son adversos, los derechos humanos en México son meras acepciones teóricas; la corrupción sistémica avanza sin ningún reparo de nuestras autoridades, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico están más que perdidas. ¿Qué se ha hecho con ese dinero?

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