Proceso Electoral 2018, entre la incertidumbre y el caos.

La falta del fiscal para delitos electorales pone en jaque el derecho de los ciudadanos de denunciar.

La organización de un proceso electoral tan complejo, por la trascendencia y número de puestos de representación que estarán en juego, Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales que integrarán el Congreso de la Unión. Además, la elección de 2,777 cargos locales como: ocho Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 972 Diputaciones Locales, 1,596 Ayuntamientos, 184 Juntas Municipales y 16 Alcaldías, así como por ser el más costoso de la historia electoral mexicana, se encuentra inmerso en un escenario de incertidumbre institucional que presagia tormentas y seguramente también será el más impugnado de todos los tiempos.

Lo anterior, en razón de que, el Estado de Derecho se encuentra debilitado en su estructura por la falta de un Fiscal General, que a la fecha, no se ha nombrado. Debilitado también, por que México se encuentra inmerso en una crisis de corrupción e impunidad y a pesar de contar con todo un sistema nacional anticorrupción, no se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción por falta de acuerdos y consenso en el Congreso. Debilitado, porque a un encargado del despacho de la PGR se le ocurrió correr al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) sin razón de peso, sino más bien por el hecho de estar investigando el caso de corrupción de funcionarios de PEMEX con ODEBRECH, que involucra a Emilio Lozoya al haber recibido un soborno millonario.

Es decir, la estructura encargada de la persecución, prevención y atención de delitos en el país se encuentra fracturada por la falta de los tres Fiscales más importantes, los cuales deberían estar actuando con plenitud de sus atribuciones y facultades para garantizar certeza de actuación a autoridades electorales, ciudadanos y candidatos, dentro del proceso electoral de características anteriormente referenciadas. Tres autoridades de gran relevancia para el buen funcionamiento del estado de derecho en nuestro país, pero que, desgraciadamente y sospechosamente, al iniciar este proceso electoral que es de gran importancia por los pleitos de los Partidos Políticos que buscan a toda costa jalar agua a su molino.

Sin embargo, nadie parece darse cuenta de lo peligroso de esta situación, evidenciar un aparato de procuración de justicia desmantelado, es el peor mensaje que podemos enviar a actores políticos sin escrúpulos, que se han mal acostumbrado a violar la ley para luego simplemente pedir perdón, como si eso fuera suficiente para borrar sus corruptelas, y que conste que no me estoy refiriendo a uno solo. Por ello converjo con Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al señalar que esta situación es dramática y que pone en riesgo los pocos avances democráticos que hemos alcanzado como nación.

Al estar ausente el servidor público, la responsabilidad institucional queda acéfala y exenta de sanción, porque al no existir un funcionario con la responsabilidad directa de atender las denuncias de corrupción por conductas delictivas tipificadas como delitos electorales cometidas por ciudadanos, servidores públicos, funcionarios electorales o partidarios, el proceso electoral corre un gran riesgo de ser considerado incierto e ilegal, ya que incluso se prevé que los grupos de la delincuencia organizada se meterán de lleno a apoyar a candidatos y a buscar a toda costa que se elijan a autoridades a modo, para seguir controlando Municipios y territorios completos, bajo la figura de la colusión, agravando la situación de inseguridad que se vive en varias zonas del país.

¿A quién conviene esta inobservancia a la ley?, ¿quiénes terminarán por sacar provecho descalificando el proceso electoral si las cosas salen mal?, ¿no deberían ser los partidos políticos los más interesados en que todos los aspectos que rodean a un proceso electoral estuvieran dotados de certeza jurídica y de legalidad?

En fin, la demagogia que ha acompañado a las acciones y discurso de todos los partidos en los últimos años muestra el fracaso de 40 años de reformas político electoral aprobado en su momento para acabar con los viejos vicios de los procesos de elección. Aunque se ha avanzado lentamente en materia de democratización, falta un trecho por recorrer. Hay que superar los últimos residuos del viejo sistema autoritario, especialmente en las leyes electorales. Si bien la restauración del derecho ciudadano a juzgar con base en desempeño puede ayudar a cambiar en el corto plazo los incentivos con los que opera nuestra élite política, necesita reglas que potencien el empoderamiento del ciudadano frente a los partidos y la exigencia de sus prerrogativas.

Se necesita fomentar e incrementar una cultura de participación política en el ciudadano y hacer ver que ésta no solo se resumen a un acto de ejercicio del voto cada 3 o 6 años, debemos pugnar por que las autoridades educativas, partidistas, electorales, gubernamentales actúen de forma integral para elevar el nivel de participación política ciudadana responsable, que se convierta en un auténtico instrumento de control y sanción a actuaciones sospechosas, corruptas y vergonzosas de partidos políticos y de autoridades como las que hoy presenciamos. “El juego sucio, ya comenzó y seguirá hasta después que concluya el proceso”.

 

Estrategia fallida

Nuevas declaraciones de EPN vs. el huachicol. Lamentables hechos de Palmarito. Falta inteligencia.

El pasado 5 de mayo, durante la toma de protesta de bandera del Servicio Militar Nacional clase 1998, anticipados, remisos y mujeres voluntarias, tardiamente el presidente Enrique Peña Nieto, le declaró la guerra a los huachicoleros, al manifestar que, instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República y a la dirección de Pemex, instrumentar una estrategia integral para combatir el robo de hidrocarburo en todo el país.

Lo anterior, después del enfrentamiento ocurrido el miércoles 3 de mayo, entre elementos del Ejército y presuntos huachicoleros en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac.

En efecto, dicho enfrentamiento es un acontecimiento reprochable y pernicioso y el cual merece especial atención y al referirme a “especial atención”, quiero decir, utilizar todos elementos intelectuales, humanos y materiales para tratar de erradicar ese hecho anti-social y antijurídico que lacera nuestro constructo social.

Sin embargo, parece que la estratagema gubernamental, ha sido contaminada por la ideología calderoniana de abatir el fuego con más fuego, violencia con más violencia, como sucedió en el sexenio pasado.

Desde luego, sin atender la verdadera razón que tiene sumido a tres estados del país en esta batalla huachicolera que se originó por la corrupción de gobiernos estatales, Municipales, funcionarios, policías de los tres niveles y trabajadores de alto rango de PEMEX, que han dado cabida a esta actividad delincuencial, la cual, se ha convertido en el sustento de muchas familias que carecen de medios suficientes para cubrir sus necesidades primarias, esas necesidades que el Estado tiene la obligación de proveer, acercando el desarrollo y el progreso a las comunidades.

Aunado a lo anterior, y créame abona en demasía, la inadecuada toma de decisiones directivas entorno al uso de recursos para la defensa de los ductos, el primer error fue designar a un militar con escasa experiencia para esta labor, el general León Trauwitz, cuya designación generó molestia en varios mandos militares, ya que no cumplía con los cuatro años requeridos para el ascenso.

Lo anterior, explica la razón, por la cual resultan ineficientes los más de 2 mil 500 elementos de las Fuerzas Armadas y de PEMEX desplegados permanentemente a lo largo de 60 kilómetros de ductos combatiendo este ilícito.

De igual forma, resulta incomprensible que los cuantiosos recursos económicos destinados a vigilar las instalaciones e infraestructura de PEMEX, tampoco estén ofreciendo resultados positivos, puesto que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, confirmó que la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de PEMEX, a cargo del general León Trauwitz, no sólo tiene el respaldo de la SEDENA sino que ha contado con millonarios recursos para combatir el robo de gasolina.

En su reporte de la cuenta pública de 2015, que publicó en febrero pasado, la ASF verificó que la SSE, puso un marcha un proyecto de inversión por 2 mil 521 millones 48 mil 800 pesos para el fortalecimiento de las capacidades operativas de PEMEX de 2013 a 2015.

De acuerdo con lo que informó la oficina del general León Trauwitz a la ASF, ese proyecto fue para mejorar la protección de las instalaciones estratégicas de PEMEX, así como del personal, a través del aumento de las capacidades de vigilancia en ductos e instalaciones consideradas como estratégicas, con tecnología de primera generación, y mejorar la eficiencia del personal para actuar de manera contundente y oportuna en aquellos lugares donde se registre la presencia de un ilícito.

Todo lo anterior, evidencia el inadecuado uso de recursos destinados a erradicar la conducta delictiva del robo de hidrocarburo, y que como consecuencia lógica, ha provocado otros fenómenos antijurídicos que agravan el costo de esta batalla huachicolera, como lo es, la violación a derechos humanos por parte de los militares en su operación policial, al realizar ejecuciones que fueron grabadas en videos que varios medios presentaron a nivel nacional y que han ocasionado un verdadero descontento social.

El robo de hidrocarburo, no es un fenómeno que se pueda combatir sólo con el uso de la fuerza, o jugando a la guerra, como intento hacerse en el sexenio pasado, cuando se desató la guerra contra el narcotráfico, que solo trajo consecuencias devastadoras para la sociedad mexicana, sin poder erradicar dicha conducta delictiva.

Para combatir la mafia del huachicol, se requieren auténticas políticas criminales, que actúen de forma integral con todas las instituciones gubernamentales de los tres poderes de la unión, las cuales, observen el cumulo de necesidades insatisfechas de empleo, servicios y justicia social, que sufren los gobernados. De lo contrario, lo más seguro es que los pobladores se conviertan en aliados de los criminales, ya que, son ellos, quienes los ayudan a satisfacer esas necesidades insatisfechas por parte del gobierno, fundamento de esta nueva derrota.

¡Crimen organizado y robo de hidrocarburo!

Secuelas del crimen organizado en el mundo. El caso de México y los diversos delitos. Puebla.

Para ningún mexicano, es desconocido, que el país atraviesa por una prolongada etapa de violencia e inseguridad, que lacera e impide el desarrollo de nuestro constructo social y especial aporte en este lamentable rubro lo tienen las actividades del crimen organizado, las cuales, a contrario sensu, si han observado un desarrollado en cuanto a su diversidad y campo de acción.

Aunque esta problemática, no es exclusiva de nuestro país, si es México, quien ha visto crecer mayormente este tipo de actividades delincuenciales en un tiempo muy reducido. Para mayor ahondamiento, es importante conocer lo que nos muestra el estudio de la Global Financial Integrity, Transnational Crime and the Developing World, el cual, indica que las actividades de las organizaciones del crimen trasnacional generan entre 1.6 y 2.2 billones de dólares estadunidenses al año en todo el mundo. El monto no sólo llena los bolsillos de los perpetradores, los recursos sirven también para financiar la violencia y la corrupción en países de los cinco continentes.

Las actividades de las organizaciones del crimen trasnacional se basan en 11 actividades: saqueo, explotación y muerte: narcotráfico; tráfico de armas ligeras; tráfico de personas; tráfico de órganos; tráfico de bienes culturales; falsificación de productos; comercio ilegal de vida silvestre; pesca ilegal y/o no reportada; tala ilegal; minería ilegal, y robo de petróleo crudo.

Esta última actividad la de robo de combustible, es la que ha venido a cambiar el contexto de las actividades de la delincuencia organizada en México, al convertirse ésta en la preferida para abastecer de recursos económicos a las diferentes organizaciones criminales que tienen actividades dentro de nuestro territorio nacional.

Muestra de lo anterior, lo evidencia el estudio realizado por José Ignacio Montero Vieira, del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), donde precisa que Los Zetas, el Cartel del Golfo, Los Caballeros Templarios, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, controlan el robo de hidrocarburos en el país, en complicidad con empleados de Pemex, de acuerdo con la zona de influencia de cada organización criminal, puesto que este delito requiere tener cierto, conocimiento técnico, para saber cómo ordeñar.

Explica que el radio de acción del cartel de Los Zetas es muy amplio, ya que sus actividades relacionadas al robo de combustible se extienden por Tabasco, Campeche, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Nuevo León. “Es tal la importancia que esta organización le da al robo de combustible que ha establecido una extensa y compleja red criminal dedicada a esta actividad y a eludir la acción de la justicia y proteger su nueva fuente de financiación”.

De lo anterior, la situación más alarmante se vive en Puebla, ya que la entidad se ha convertido en los últimos 5 años en el epicentro del robo de combustible. Entre 2011 y 2015, el número de tomas clandestinas creció un 915%, según cifras de Pemex. En 2015, se detectaron 815 puntos de ordeña, más del doble que el año anterior y en el primer semestre de 2016, se localizaron 601 tomas de clandestinas, lo que en suma hace casi la tercera parte del total nacional, ya que hasta 2016 eran 6159 tomas clandestinas detectadas en el territorio nacional.

Por ello, Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en robo de combustible, siendo los municipios del denominado Triángulo Rojo, como Palmar de Bravo, Amozoc, Tepeaca, Quecholac, Acatzingo y Esperanza, los que tienen la mayor incidencia, ya que ahí es donde atraviesa la denominada “Franja del Huachicol”, que comprende un tramo de 131 kilómetros que atraviesa la entidad y que inicia en el municipio de Esperanza, en la frontera con Veracruz, y culmina en San Martín Texmelucan, colindante con el Estado de México.

Por lo que al ser la zona más atractiva para la delincuencia debido a la presencia de tuberías de Pemex, surge la necesidad de que todos los componentes de la sociedad poblana (autoridades, ciudadanos, gobernantes, académicos, etc) trabajemos conjunta e integralmente para implementar políticas criminales que puedan oponer resistencia y prevenir el crecimiento de esta nueva forma de financiamiento que el crimen organizado ha encontrado.

Políticas criminales que tengan como principales puntos: combatir la corrupción al interior de Pemex, y de las diversas autoridades implicadas, así como, impulsar el desarrollo de las comunidades, para que no encuentren en esta actividad criminal el único medio de subsistencia, y hasta ir pensando que en la medida en que suba el precio de la gasolina, crecerá el robo de combustible.

Los pasivos laborales de Pemex y CFE ¿Otro FOBAPROA?

El gobierno federal asumió parte proporcional de los pasivos laborales de Pemex y la CFE, que ascienden a 1.7 billones de pesos, de los cuales alrededor de 700 mil millones de pesos se convertirán en deuda pública.

Se establece que el asumir el gobierno federal los pasivos labores de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad deberá sujetarse a  que las obligaciones del pago de las pensiones y jubilaciones conlleven en el mediano plazo, a una reducción de las obligaciones de en este rubro por parte de las empresas.

De igual forma, a que se ajuste la edad de retiro a lo establecido en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del gobierno federal. Además, a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una auditoría específica a los fondos para identificar las características de las obligaciones de pago y las determinantes de su evolución.

Y finalmente, a que la ASF finque responsabilidades si se detectan actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y obligaciones.

Sin embargo, aun cuando se pretenda señalar cuáles serán los beneficios que la tan sonada reforma energética traerá consigo, si se le nombra a Pemex como una empresa productiva del Estado, la nueva Ley que la regula resalta que ésta es propiedad exclusiva del gobierno federal.

La cuestión que resalta aquí es que el incentivo del gobierno es recaudar y si el propietario es él mismo, no tiene que rendirle cuentas a nadie sobre su toma de decisiones; en cambio, si fuera una empresa del Estado, estaría encargado de administrar de la mejor forma para maximizar las utilidades.

Podríamos aplaudir el hecho que se quiera velar por las prestaciones laborales de los empleados de la Comisión y de Pemex, sobre todo, si nosotros fuéramos parte de ellos, lo aplaudiríamos, pero hay que recordar que esto se llevará a cabo, si a más tardar en un año -a partir de la entrada en vigor de la reforma-, dichas empresas alcancen un acuerdo con sus respectivos sindicatos para modificar el contrato colectivo de trabajo y sus respectivas disposiciones relacionadas con el personal de confianza, con la finalidad de reducir en el mediano plazo el pasivo laboral dentro de las empresas, y como lo señalé anteriormente, cuando también la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión específica a los fondos de pensiones y jubilaciones de las empresas, con el objeto de identificar las características del pasivo laboral referido.

Y en caso de detectar actos ilegales, proceder a fincar de responsabilidades (de esto último tengo mis reservas, porque una vez obtenidos los resultados, por un lado ¿se señalarán responsabilidades y a la par se comenzará a resolver sobre las pensiones? ¿Una cosa depende de la otra y hasta que no haya sanciones, se procederá al trámite de las prestaciones correspondientes?)

Vale la pena recordar que cuando se llevó a cabo la privatización de los ejidos, de los ferrocarriles, bancos, teléfonos, televisión, etc. que se entregaron al capital privado en aras de la productividad, sólo han servido para enriquecer a unos cuantos, dejar a los pobres más pobres y al Estado pasando a los pagadores de impuestos cautivos con la carga fiscal.

Antecedentes

Hace 50 años, cuando se modificó de fondo, por última vez, el sistema de pensiones de Pemex, la esperanza de vida en México era de 60 años. En consecuencia, la edad de retiro de 55 años de edad o bien el derecho a una pensión después de 25 años de servicio significaba que, en promedio, el sistema pagaba pensiones durante periodos de alrededor de cinco años. Al incrementarse la esperanza de vida de los mexicanos a 77 años, el sistema tiene que soportar el pago de pensión, por trabajador, por periodos de entre 20 y 30 años. Naturalmente, no hay sistema de pensiones que pueda enfrentar una carga financiera de esas proporciones, sin ajustarse a la nueva realidad.

Pemex requiere competir sin cargar con pasivos laborales excesivos.